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Tras el terremoto del 12 de enero de 2010, que causó daños que marcaron un doloroso punto de inflexión en la historia del pueblo haitiano, la República de Haití vive una sucesión de crisis debidas tanto a catástrofes naturales como otras provocadas por el hombre.

De hecho, tras las elecciones presidenciales de 2011 que llevaron al poder a Michel Joseph Martelly, un músico poco convencional que promueve el bandolerismo legal y la violencia de género contra las mujeres en sus composiciones musicales, el país estaba a punto de sumirse en la inestabilidad gubernamental ^[1] y la violencia sistemática. La llegada al poder de su sucesor, Jovenel Moise, no logró invertir la tendencia de recurrir a la corrupción y la criminalidad como estrategias políticas y económicas para renovarse y perpetuarse en las esferas de poder.

Los entresijos de la crisis haitiana

Para comprender la naturaleza de la actual crisis, es preciso separar su dimensión crónica de su dimensión cíclica. En efecto, mientras que la crisis crónica haitiana se deriva de la malformación social de la nación haitiana basada en divisiones de color (negros frente a mulatos), de propiedad (terratenientes frente a campesinos sin tierra), de monopolio (acaparamiento del aparato del Estado) y de privación, la que vive actualmente el país es una forma de metástasis del cuerpo social haitiano. Esta podría entenderse como el resultado de un largo proceso de desarticulación social mantenido por las élites haitianas carentes de identidad y que se injerta en los efectos causados por el gran despilfarro de fondos del programa petrocaribe.

La sociedad haitiana en la era de la corrupción y el crimen organizado

De hecho, en diez años de mala gobernanza (2011-2021), el régimen en el poder ha organizado la mayor operación de corrupción y despilfarro de fondos públicos de la historia de Haití a través de la malversación de fondos generados por petrocaribe , programa de cooperación, desarrollado por el Gobierno venezolano en la región del Caribe ^[2]. Según dos informes publicados por la comisión anticorrupción del Senado de la República, se han despilfarrado más de 2.300 millones de dólares estadounidenses. Gracias a una gran e histórica movilización conocida como “movimiento de los petrochalengers”, el Tribunal Superior de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo (CSC/CA) ha publicado dos informes que atestiguan el despilfarro de más de 4.200 millones de dólares para el periodo 2011-2020.

Aun cuando este despilfarro ha provocado una gran conmoción en el ámbito político, económico y social haitiano, no significa que haya sido la única gran operación de robo y malversación de fondos públicos orquestada por el régimen del Parti Haïtien Tèt Kale (PHTK) ^[3] en el poder. De hecho, en el sector de la educación, este partido en el poder creó un Fondo Nacional de la Educación (FNE), financiado mediante las deducciones efectuadas de las llamadas telefónicas y las transferencias desde o hacia el extranjero. Los primeros desembolsos de este fondo se malgastaron en un falso programa denominado “Programa de escolarización universal gratuita y obligatoria (PSUGO)”.

Aun cuando la ley orgánica de este Fondo no había sido votada por el poder legislativo, el Gobierno de Martelly lanzó el PSUGO en el Palacio Nacional, ignorando la competencia del Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional (MENFP) en la gobernanza del sector educativo en Haití. Tras una campaña de propaganda con mucha publicidad, han saltado a la luz pública los escándalos sobre las estratagemas utilizadas para dilapidar los fondos recaudados en el marco del FNE. Hoy en día, el país sigue sin saber cuánto dinero se ha malversado del erario público a través de este programa. Sin embargo, hay algo muy claro: el PSUGO ha desaparecido, pero la oferta escolar pública y la calidad de la enseñanza no han mejorado.

Deterioro sin precedentes de la seguridad, la economía y la sociedad

En los últimos diez años, marcados por el fracaso de la clase política, el país ha entrado en la era del crimen organizado o del terrorismo: el cerco de la población por bandas armadas, las matanzas en los barrios populares, los secuestros y el tráfico ilícito de armas y drogas son el día a día de la población haitiana. A fin de instaurar este reino del terror, sus autores, es decir, aquellos que detentan el poder político y, por extensión, el económico y social, han puesto en marcha todo un sistema de comunicación en el que participan los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales y los grupos criminales que aterrorizan a la población. En este sistema, los grupos criminales cometen los crímenes más atroces (asesinatos, violaciones, secuestros, matanzas en barrios populosos, incendios provocados) y los medios de comunicación les dan audiencia y los rehabilitan como líderes comunitarios. Las redes sociales sirven como arma de guerra psicológica para difundir sus exacciones terroristas, incidiendo así en las condiciones psíquicas de la población, creando miedo e incluso paranoia.

La puesta en marcha de esta máquina infernal para destruir el cuerpo y la mente del pueblo haitiano tiene como objetivo disuadir la voluntad manifiesta de la población de exigir la restitución de los fondos dilapidados por el régimen de Martelly, y por los elementos corruptos y mafiosos de la burguesía que domina la economía del país desde hace más de 150 años.

Las repercusiones de esta crisis polifacética en la sociedad haitiana son visibles. No hace falta mucho análisis para darse cuenta del estado de descomposición a todos los niveles. Durante el ejercicio fiscal 2021-2022, el país registró una tasa de inflación récord de más del 40%, lo que provocó una devaluación de los salarios y un debilitamiento del poder adquisitivo de los hogares. Las actividades de las bandas criminales han impedido la libre circulación de productos agrícolas y mercancías, y han creado un bloqueo de las actividades comerciales. Como resultado, aproximadamente el 65% de la población haitiana sufre actualmente de inseguridad alimentaria ^[4].

No obstante, si bien es cierto que la crisis ha provocado el empobrecimiento de ciertos sectores de la población, no ocurre lo mismo con otras categorías que, por el contrario, se han beneficiado de la situación: el sector financiero, que manipula la cotización del dólar y los precios de los productos en el mercado haitiano, ya rehén de prácticas monopolísticas; el sector petrolero; las industrias de montaje, que se benefician enormemente de la apreciación exponencial del dólar en relación con la gourde en términos de salarios de los trabajadores; y los sectores de la energía y las comunicaciones. Por lo tanto, está claro que estos círculos empresariales tienen interés en crear y mantener un entorno mafioso favorable a una economía de corrupción y crisis.

Los retos de la educación en este contexto de crisis

El Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional ha experimentado grandes dificultades para completar el curso escolar 2020-2021 debido al terremoto que devastó el sur de Haití causando enormes daños a la infraestructura escolar y a la ocupación de ciertas zonas urbanas de Puerto Príncipe por bandas armadas, lo que obligó a algunas escuelas a cerrar sus puertas.

El inicio del curso 2022-2023 también estuvo marcado por los avatares de la crisis. De hecho, el inicio del curso escolar, previsto inicialmente para el 5 de septiembre de 2022, tuvo que aplazarse al 3 de octubre. Sin embargo, esta nueva fecha no pudo respetarse debido a la movilización de ciertos sectores en reacción contra la decisión del Gobierno haitiano de anular la subvención a los productos derivados del petróleo. En el marco de esta movilización, los símbolos de la educación fueron el blanco de las protestas, especialmente en Gonaiïves, Cap-Haitien, Fort-Liberté, Les Cayes, Jacmel y Jérémie. A los ataques violentos contra las infraestructuras escolares, ha venido a sumarse una retórica que culpabiliza todo intento de asegurar el funcionamiento de las escuelas.

Dificultades de acceso y retos pedagógicos

En este contexto, el acceso a la educación en Haití se está convirtiendo en un reto importante, incluso para los sectores más acomodados de la sociedad haitiana. Además, los datos publicados por el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional son muy alarmantes a este respecto. Hubo que esperar hasta el 7 de noviembre para registrar una tasa del 7% de escuelas que habían iniciado el curso académico y hasta diciembre, para alcanzar el 73% de escuelas abiertas. Estas cifras significan que a principios de 2023, el 27% de los centros de enseñanza aún no habían iniciado las actividades escolares, aunque no es posible determinar la proporción exacta del alumnado afectado a partir de estos datos.

Cabe señalar que incluso con una tasa de funcionamiento escolar del 100%, el pacto escolar haitiano tiene un déficit que deja a más de 500.000 niños y niñas fuera de las aulas.

Las repercusiones de la crisis en el sistema educativo también deben considerarse desde el punto de vista pedagógico. De hecho, si consideramos el aplazamiento del inicio del curso escolar al 3 de octubre de 2022, el alumnado habría perdido una veintena de días lectivos. Sin embargo, el agravamiento de la crisis ha elevado el número de días lectivos perdidos a más de cuarenta para aquellos que pudieron volver a clase el 7 de noviembre de 2022, es decir, solamente el 7% de los centros de enseñanza, y a más de setenta días para el alumnado que aún no había retomado las clases para el 1 de enero de 2023 (el 27% de los centros de enseñanza).

Estos datos plantean la cuestión de los mecanismos que deben ponerse en marcha para evitar una acumulación excesiva de vacíos, teniendo en cuenta el desfase entre el plan de estudios prescrito y el efectivamente realizado. En particular, es preciso considerar la naturaleza y el tipo de evaluación que debe utilizarse, así como la validez de la misma en este contexto.

La cuestión de las cuotas escolares en un sector predominantemente privatizado

La financiación de la educación en Haití siempre ha sido una cuestión sumamente debatida. Con menos del 20% del presupuesto estatal en los últimos 4 ejercicios, la intervención pública en este sector satisface solamente en torno al 15% de la oferta escolar, lo que está en total contradicción con el principio consagrado en todas las constituciones de Haití donde se estipula que la educación es responsabilidad del Estado y de las autoridades locales. Esta realidad financiera explica el fenómeno de la privatización y comercialización de los servicios educativos en Haití y conlleva una pesada carga para los hogares a la hora de garantizar el financiamiento de la educación de sus hijos.

En el contexto de la crisis actual, la cuestión de la financiación de la educación adquiere mayor complejidad. De hecho, desde la publicación del primer calendario que fija el inicio del curso escolar el 5 de septiembre de 2022, hay padres ya han hecho grandes sacrificios para hacer frente a sus obligaciones financieras relacionadas con la escolarización de sus hijos. Desde la promulgación de la ley Bastien sobre las cuotas escolares en Haití, la dirección de los centros públicos impone a los padres la obligación de pagar las cuotas anuales en tres plazos, con un pago inicial del 50% antes del inicio del curso escolar y otros dos pagos del 25% entre enero y abril. Sin embargo, el curso escolar 2022-2023 empezó solamente el 7 de noviembre de 2022 para algunos centros, en diciembre para otros e incluso más tarde para el 27% de los centros. Esta realidad plantea muchos retos: tras el primer pago equivalente al 50% de la escolaridad anual, ¿puede pedirse a los padres que efectúen los otros dos pagos de este curso escolar que ha empezado sumamente tarde? ¿Debe el Estado imponer un arbitraje para preservar los intereses de cada parte en este contexto de crisis?

Retraso o ausencia de remuneración del personal docente

La cuestión de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la educación en el sector privado también ha sido siempre un asunto espinoso. Sin protección social ni seguridad laboral, los trabajadores del sector de la enseñanza privada se encuentran constantemente en una situación precaria. Además, la ausencia de negociación colectiva y de movimiento sindical en este subsector los hace cada vez más vulnerables, y los deja sin recursos para defender sus intereses ante los empleadores. En esta situación, los propietarios de los centros escolares aprovechan para explotar de forma desmedida al profesorado.

En ciertas categorías, algunos de estos compañeros y compañeras se han visto privados de sus salarios durante seis meses y en otras, hasta tres meses ^[5]. Al carecer de mecanismos para defender sus intereses y negociar la reorganización de sus contratos de trabajo en situaciones de crisis, están a merced de la buena voluntad de sus empleadores. Además, el Gobierno no ha considerado oportuno entablar un diálogo tripartito entre el Estado, los empleadores y los sindicatos de la educación, lo que podría haber contribuido a mitigar el impacto de la crisis en la situación del profesorado en las escuelas privadas de Haití. En tales condiciones, solo cabe esperar un deterioro de la motivación del profesorado, quien ya se enfrenta a las repercusiones de la crisis a nivel económico, de seguridad y psicológico. Por consiguiente, es evidente lo que está en juego para la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en el curso 2022-2023: una aceleración del declive de la calidad y un bajo rendimiento académico.

Perspectivas para salir de la crisis: movilizaciones sociales y solidaridad internacional

A mitad de la maduración de la crisis haitiana, los movimientos sociales de reivindicación y protesta habían alcanzado un nivel sin precedentes en la historia de Haití. Los primeros movimientos de protesta estallaron en varios sectores de actividad, tales como la educación, la sanidad, las industrias textiles, los servicios públicos y el transporte. Ante la respuesta represiva de las autoridades a las reivindicaciones de las organizaciones sociales, la movilización se transformó en movimiento político, en forma de resistencia a las maniobras de represión y en un intento por contrarrestar la dominación impuesta por la violencia, la delincuencia y la corrupción. Tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, los movimientos sociales y políticos experimentaron un desconcertante declive debido al deseo de cada clan de hacerse con el poder para saciar su sed hegemónica.

Esta pérdida de impulso se manifiesta de varias maneras. Por un lado, es indudable que el ritmo de la movilización ha disminuido en intensidad:

• Las huelgas, las manifestaciones callejeras y las concentraciones populares son cada vez menos frecuentes. Además, los interesados son incapaces de ponerse de acuerdo sobre la naturaleza y la forma de gobernanza de la transición, demostrando una incapacidad para formular soluciones a la altura de los retos a los que se enfrenta el país y, con ello, sumiendo a la gran mayoría de la población en una desesperación fatalista.
• Las actividades delictivas de bandas armadas que siembran el miedo, así como la distorsión de los movimientos sociales, debido al deseo manifiesto de ciertos grupos de hacerse con el poder y dirigir la eventual transición en la dirección del proyecto de perpetuación hegemónica de su propio clan, no han hecho sino exacerbar los efectos nocivos de la crisis en las capas más afectadas. Esta situación ha hecho perder a la población toda confianza en el liderazgo de la sociedad civil, el Gobierno y la oposición, la cual se encuentra en crisis de credibilidad y representatividad.

Por otra parte, el doble juego de ciertos líderes de movimientos sociales y políticos que se proclaman opositores al mismo tiempo que apoyan a sus compinches en el poder, crea un sentimiento de desconfianza entre la población y dificulta los esfuerzos de movilización. Esta dinámica provoca la deslegitimación de aquellos que detentan posiciones de liderazgo creando en la escena política un vacío difícil de llenar.

Llamamiento a la acción y a la solidaridad

Ante esta situación caótica, en la que el deterioro parece sumir a la población en el desorden, las organizaciones sociales que se mantienen fieles a sus compromisos y convicciones están llamadas a actuar para movilizarse y resistir. El sindicato de la educación, la Union Nationale des Normaliens/ Normaliennes et Educateurs/Educatrices d'Haïti (UNNOEH), ha iniciado este movimiento de resistencia organizando su 4º congreso los días 22 y 23 de agosto de 2023 y lanzando su campaña de sindicalización aprovechando las oportunidades que ofrece la tecnología, una capacidad de movilización que ha desarrollado gracias a la solidaridad de la Internacional de la Educación (IE), la Fédération Canadienne de l’Education (FCE), la Fédération Nationale des Enseignantes et Enseignants du Québec (FNEEQ) y la Confédération Syndicale du Québec (CSQ). Hoy día, las fuerzas sanas de la población haitiana necesitan unir sólidamente sus esfuerzos de movilización y poner en común sus medios para organizar mejor acciones de resistencia capaces de contrarrestar las actividades criminales y mafiosas que afligen diariamente a la población haitiana. Hoy más que nunca, los movimientos de resistencia de las fuerzas saludables de Haití hacen un llamamiento a la solidaridad nacional e internacional para infundir vida y esperanza al pueblo haitiano.