Fenapes, organización sindical educativa afiliada a la Internacional de la Educación, ha denunciado la práctica de espionaje contra miembros del movimiento sindical y estudiantes menores de edad, según lo revelado por una investigación periodística.
Fenapes en conjunto con la central sindical uruguaya, el PIT-CNT ha solicitado entrevistas urgentes con el Directorio del INAU, CODICEN de la ANEP, la Comisión de Derechos Humanos de Diputados y el Fiscal de Corte, para transmitir su preocupación sobre los graves hechos.
Estos sucesos han sido calificados por Fenapes como un nuevo ejemplo de la larga lista de abusos y persecución sufrida por los activistas sociales a manos del gobierno, con una mayor incidencia en trabajadores y activistas vinculados a la educación pública. La persecución contra estudiantes menores se considera una violación a las garantías individuales y una amenaza al estado de derecho.
Esto se suma a denuncias anteriores realizadas por el sindicato sobre la persecución y ataques del gobierno contra el derecho a la educación, el sindicalismo y la libertad académica, entre otros derechos humanos y laborales.
La vicepresidenta de Fenapes, Marcela Da Col, ha expresado su preocupación por la falta de pronunciamiento de algunos legisladores que, hasta ahora, han sido muy activos en las redes sociales sobre la acción de los sindicatos de la educación. Da Col ha planteado la pregunta sobre la falta de pronunciamiento y el llamativo silencio de estos legisladores ante esta situación.
Como resultado del caso, varias jerarquías policiales han sido investigadas por irregularidades y delitos, incluidos los subdirectores de la policía. En resultado de esta investigación, la cúpula policial designada por el gobierno actual ha caído, incluidos el director de la Policía Nacional, Diego Fernández y el subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel. Seis jerarquías policiales en total han sido indagadas en el caso, aunque la identidad de dos de ellos todavía no se ha revelado.
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, ha declarado su más absoluto rechazo a estas prácticas y ha anunciado que mantendrá un estado de alerta permanente ante estos hechos y no descartan otras acciones. La situación es particularmente preocupante ya que se está alentando el control y la vigilancia en el interior de una institución educativa.
La Internacional de la Educación reconoce la gravedad de las denuncias y brinda su apoyo incondicional a las organizaciones sindicales uruguayas en su búsqueda de justicia. El Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina publicó una denuncia sobre el caso y se está llevando a cabo un esfuerzo activo para presentar el caso ante las autoridades internacionales responsables de proteger los derechos humanos.