Contra viento y marea las organizaciones sindicales y sectores populares de Uruguay impulsaron al país a un referendo para derrocar una serie de medidas impuestas por el gobierno que debilitarían la educación pública y alentarían la privatización.
El referendo que se votó este 27 de marzo, buscaba definir el futuro de la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada por el congreso uruguayo en 2020, que impone toda una serie de medidas que afectan desde la seguridad, la salud, los derechos laborales y la educación.
La LUC ha sido ampliamente criticada porque limita el derecho a la huelga, elimina la obligatoriedad de la educación pública, abre las puertas a la privatización y la intervención de capitales extranjeros en la educación.
67 de los 502 artículos de la LUC se refieren al sector educativo. Las medidas imponen una fuerte concentración de poder en manos del Ministerio de Educación y una limitación de la participación docente en la toma de decisiones educativas. Al mismo tiempo, se abre la puerta a nuevos actores, como el sector privado, en la conducción del sistema de educación nacional, al eliminarse, entre otros, el requisito actualmente vigente de acreditar diez años de ejercicio de la docencia en la educación pública para poder integrar un consejo de participación.
A pesar de la gran movilización de los sectores populares de Uruguay, la votación no superó el 50% requerido para derrocar la LUC, sin embargo logró un apoyo sin precedentes frente a una fuerte oposición por parte del gobierno que se impuso con una diferencia de menos del 1%.
Solidaridad internacional con Uruguay
La Internacional de la Educación y sus organizaciones miembro se han solidarizado con las afiliadas en Uruguay: FENAPES (Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria), FUMTEP (Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria) y CSEU (Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay), quienes han realizado una poderosa campaña en defensa del derecho fundamental a la educación pública, gratuita y de calidad, del pueblo uruguayo.
"La educación pública en Uruguay ha sido un ejemplo a nivel mundial. Por su estructura democrática, por tener una fuerte voz docente y por su lucha amplia por los derechos de su pueblo," manifestó David Edwards, Secretario General de la Internacional de la Educación, quien encabezó una delegación reciente al país.
Durante la visita a Uruguay, Edwards participó en varios eventos organizados en apoyo a la educación pública, los derechos sindicales y la lucha contra la privatización y comercialización en el sector educativo.
"Estamos en solidaridad con los y las docentes de Uruguay, que son una inspiración para nosotros, por su lucha democrática y sindical de cada día para crear un futuro mejor para todos y todas las estudiantes de su país," agregó Edwards.
La vicepresidenta de la IE de América Latina, Fátima Silva, de Brasil, también participó en la delegación e instó a sus colegas educadores en Uruguay a defender la educación pública a todos los niveles.
"Desde siempre los principios de la Internacional de la Educación y de nuestras afiliadas son la defensa de la educación pública socialmente referenciada, hecha por nuestra gente donde se encuentre y según su país," explicó.
Silva insistió que la lucha por una educación pública es esencial, en particular en tiempos de pandemia, cuando las desigualdades y las injusticias se han acentuado en todo el mundo.
Actualizaciones desde Uruguay