Tras la fuerte movilización del 13 de enero, las federaciones sindicales francesas convocaron otro día de acción este 20 de enero para continuar exigiendo condiciones sanitarias adecuadas para la protección contra la COVID-19 en las escuelas y la mejora de la situación y la condición del personal docente.
Este 20 de enero tuvo lugar una nueva jornada de acción convocada por la intersindical FSU, la Confédération générale du Travail (CGT), la Union syndicale Solidaires (SUD), Force Ouvrière (FO), la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) y los sindicatos estudiantiles de segunda enseñanza como el Mouvement national lycéen (MNL), La Voix Lycéenne y la Fédération indépendante et démocratique lycéenne (FIDL). Este día de movilización precede la huelga interprofesional salarial programada para el 27 de enero.
Mantener la presión, continuar la movilización
El Syndicat national des enseignement de second degré-Fédération syndicale unitaire (SNES-FSU) puso de relieve que la movilización del 13 de enero obligó al Gobierno a reaccionar: “El primer ministro Jean Castex ha tomado cartas en el asunto, el tono ha cambiado y se ha abierto una puerta en relación con determinados temas. Amplifiquemos la movilización para obtener, particularmente, un protocolo que permita asegurar la protección de las escuelas, el aplazamiento de los exámenes de bachillerato, la cancelación de las supresiones de empleo y la revalorización, sin contrapartida, de todo tipo de personal del sector educativo”.
SNES-FSU también subrayó que, el 13 de enero, “las manifestaciones reunieron a cerca de 100.000 personas, con un 60% de participantes en la huelga del sector de la segunda enseñanza, y casi el 80% del personal de apoyo a la educación. Aun cuando al inicio de la jornada el ministerio no había dado ninguna señal de respuesta, por la tarde, el Gobierno decidió en situación de urgencia recibir a las organizaciones sindicales. Una muestra de su preocupación ante la movilización”.
Asimismo, el sindicato manifestó su satisfacción por el hecho de que se hayan concluido una serie de compromisos, en particular para la segunda enseñanza: apertura de negociaciones para el aplazamiento de los exámenes de especialidad del bachillerato previstos para el mes de marzo, contratación de 1.500 personas para reforzar el personal de apoyo educativo para la vida escolar, entrega de mascarillas quirúrgicas o FFP2 en determinadas circunstancias. En lo que se refiere al método (particularmente en materia de comunicación), el primer ministro reconoció que podría haberse hecho mejor.
Para SNES-FSU, este es efectivamente un primer paso que debe dar pie a otros y que el Gobierno no puede limitarse a estas decisiones. Además, es necesario:
- Anular los recortes de puestos de trabajo previstos para el próximo curso escolar y decidir un presupuesto colectivo para la educación;
- Programar un plan de contratación plurianual;
- Revisar las reformas desastrosas y n igualitarias del ministro de la Educación nacional Jean-Michel Blanquer; y sobre todo
- Revalorizar sin demora los salarios del personal de la educación, son imperativos esenciales que han de ocupar un lugar central en las movilizaciones futuras.
Vigilar que se cumplan y apliquen las medidas anunciadas por el primer ministro
Por su parte, la Union nationale des syndicats autonomes Éducation (UNSA Éducation) señaló que al término de la jornada de movilización del jueves 13 de enero, varias organizaciones sindicales de la educación publicaron un texto destinado a recordar los logros obtenidos por la movilización histórica del personal de la educación nacional y a permanecer vigilantes para velar por el cumplimiento e implementación de las medidas anunciadas por el primer ministro Jean Castex, manteniéndose movilizados.
El texto insiste en el hecho de que “los profesionales de todos los sectores se reconocieron en esta movilización destinada a expresar su exasperación ante la situación actual: gestión caótica de la crisis sanitaria originando una completa desorganización de escuelas y establecimientos educativos, menosprecio y falta de consideración hacia el personal por parte de Jean-Michel Blanquer”.
Aun cuando los sindicatos aceptan las medidas anunciadas en el ámbito sanitario y pedagógico, en este texto común también señalan las deficiencias en relación con muchos otros puntos: sobrecarga de trabajo del personal y su reconocimiento financiero, demoras en la comunicación y en la ejecución de las decisiones, exámenes...
Advierten: “Al día de hoy todavía queda mucho por hacer para garantizar que las medidas anunciadas se traduzcan en hechos sobre el terreno y aún más para responder a la exasperación de los miembros del personal que salieron a la calle a expresarse este 13 de enero. Los sindicatos reafirman su deseo de continuar movilizados de diversas formas para velar por el cumplimiento de las medidas anunciadas y obtener mejoras continuas para el sistema educativo y el reconocimiento material y moral de las profesiones de la educación”.
Por el respeto a la educación y el reconocimiento del personal
En su intervención para UNSA Éducation en la reunión del Comité de Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo del Ministerio de Educación Nacional, el 18 de enero, Elisabeth Allain-Moreno recordó las claras reivindicaciones de su sindicato:
- Informar directamente al personal docente por vía profesional de cualquier cambio en las normas sanitarias, sopesando bien su interés y dando tiempo suficiente para su aplicación;
- Dejar de exigir al personal docente una doble jornada laboral mediante la supresión explícita de la instrucción de combinar la educación presencial y a distancia, la gestión de la crisis día y noche, durante la semana y el fin de semana;
- Suspender todo aquello que no sea prioritario (evaluación de escuelas y establecimientos, formación, redacción de proyectos, etc.);
- Contratar personal en número suficiente y con una condición atractiva a fin de asegurar los reemplazos que actualmente no se llevan a cabo y que desestabilizan día a día las escuelas y los establecimientos educativos para hacer posible la atención, la gestión y el seguimiento de los estudiantes que han dado positivo y los casos de contacto;
- Equipar al personal docente con autopruebas, pero también mascarillas FFP2 para quienes lo deseen según la profesión que ejerzan o su vulnerabilidad, además de las mascarillas quirúrgicas prometidas;
- Anticipar todo tipo de reorganización (exámenes, prácticas en entorno profesional, ...) para no poner en peligro nuestro trabajo en equipo y el itinerario formativo de nuestro alumnado; e
- Intervenir lo más estrechamente posible con el terreno para que las obras en los edificios escolares puedan comenzar de forma concreta.
UNSA Éducation considera que “el Gobierno debe escuchar lo que dice el personal de nuestro sistema escolar, se trata de las condiciones en que ejercemos nuestra profesión y las de aprendizaje de todos los estudiantes de nuestro país”. Asimismo, que “es deber del ejecutivo acelerar el ritmo y pasar de las palabras a los hechos”.
Allain-Moreno concluyó su intervención asegurando que “tomaremos el tiempo necesario, como solemos hacerlo en UNSA Éducation, para intervenir en todos los temas en un marco de diálogo constructivo en interés de cada uno de los trabajadoras y trabajadoras que representamos".
Apoyo de los sindicatos francófonos de la educación
El 13 de enero, el Comité syndical francophone de l'éducation et de la formation (CSFEF), organización que agrupa a los sindicatos afiliados de habla francesa de la Internacional de la Educación, se solidarizó con sus compañeras y compañeros franceses.
Para Jean-Hervé Cohen, presidente del CSFEF, en Francia, “desde la vuelta a clases en enero, el agotamiento y la exasperación de toda la comunidad educativa alcanzan un nivel sin precedentes. La responsabilidad del ministro y del Gobierno en esta caótica situación es total debido a los incesantes cambios de postura, los protocolos insostenibles y la falta de medios para garantizar el funcionamiento del sistema educativo. A pesar de una amplificación sin precedentes de la epidemia, la escuela no cuenta con la organización protectora que necesitaría para garantizar la seguridad del alumnado, del personal de la educación y de sus familias”.