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La elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil en el año 2018, además de indicar un proceso amplio de desregulación de la economía, trajo también una nueva agenda educativa al país. Aunque ya presentes de forma difusa antes de su elección, los abanderados de lo que se conoce en Brasil como movimiento “Escuela sin Partido”, de la militarización de las escuelas adquirieron fuerza y coordinación política nacional con la llegada de Bolsonaro al poder.

El movimiento “Escuela sin Partido” busca contrarrestar lo que se llamó “adoctrinamiento político, ideológico y religioso”, supuestamente practicado en los centros educativos por el profesorado brasileño. Firmemente enraizado en una visión negacionista de la historia ^[1], ese movimiento se enfoca en acusar y perseguir a miembros de la profesión docente, acusándolos de comunistas, difusores del ateísmo y de lo que convinieron en llamar “ideología de género”, término creado por movimientos neoconservadores que intentan, cueste lo que cueste, prohibir cualquier tipo de debate sobre los estudios de género y temas relacionados, como el feminismo.

Ese movimiento sufrió un duro revés en agosto de 2020, cuando la Suprema Corte brasileña juzgó inconstitucional una ley que prohibía que las escuelas discutieran temas relacionados con el “género y la sexualidad” en sus aulas. Esa victoria judicial de la educación brasileña creó una importante jurisprudencia en el marco de la mayor corte judicial de Brasil, disuadiendo de la presentación de proyectos legislativos similares.

Tras esta derrota la prioridad central del programa educativo de Bolsonaro se enfocó en la militarización de las escuelas.

Antecedentes y situación actual de la militarización de las escuelas brasileñas

El proyecto de lo que llamamos aquí ‘militarización de las escuelas’ no se refiere a los centros de educación militar que se dedican a atender, básicamente, la educación de los hijos e hijas del cuerpo de las fuerzas armadas. El proceso de militarización de las escuelas del que hablamos representa un esfuerzo gubernamental por transferir la gestión administrativa y pedagógica de las 180.000 escuelas públicas civiles de Brasil a las fuerzas militares.

Desde su primer día de gobierno, Bolsonaro instituyó, en el marco del Ministerio de Educación (MEC), la Subsecretaría de Fomento a las Escuelas Cívico-Militares, para cuya dirección fue nombrada una teniente coronel del ejército brasileño. El proceso de militarización de las escuelas brasileñas, ya en curso por medio de la iniciativa de varios Estados y municipios, recobra un especial impulso con esa señal política, y la propia nomenclatura "escuelas cívico-militares" pasa a ser usada por otras iniciativas de militarización educativa en varias ciudades brasileñas. En julio del 2019, el MEC lanzó el “Compromiso Nacional por la Educación Básica”, asumiendo como meta, entre otras prioridades para la educación básica de Brasil, la implantación de 108 escuelas cívico-militares en todos los Estados de la Federación hasta el año 2023.

Ante la oposición del sector educativo brasileño, el gobierno creó en septiembre de 2019, por medio de la Secretaría General de la Presidencia de la República, el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares (PECIM) para adhesión voluntaria de los entes federados subnacionales. La oferta de apoyo financiero a los Estados y municipios ^[2], por medio del Ministerio de Defensa, y ante un escenario de escasez de recursos públicos de los Estados y municipios para la educación, hizo que una mayoría de quince de los Estados de la Federación se adhirieran. Y en 2020, 54 escuelas de todo el país, en 23 de los 27 Estados de la Federación, pasaron a formar parte del proyecto piloto.

La adhesión social a este proyecto político avanza incluso en el sector de la educación privada en Brasil, con un crecimiento de la creación de escuelas militares privadas. Administradas por expolicías, agentes de la reserva del Ejército brasileño, e incluso por empresarios civiles que utilizan como señuelo para las familias la necesidad de imponer más ‘disciplina’ en los procesos pedagógicos, las instituciones privadas de enseñanza con disciplina militar están proliferando en varios Estados de Brasil.

Violación de la legislación nacional y desarrollo pedagógico

En el país de Paulo Freire, la subversión de la educación mediante la apropiación militar de la enseñanza avanza a un ritmo vertiginoso, pasando por encima del propio ordenamiento jurídico que regula el sistema educativo en Brasil.

Los principios fundamentales de la Constitución brasileña, que propugnan la igualdad de condiciones para el acceso y la permanencia en la escuela han sido descaradamente ignorados por esas instituciones militarizadas. La propagación de un sistema militarizado de la educación también ha llevado a la expulsión del alumnado ‘problemático’, que no se ajusta a las normas impuestas.

Además, ha constituido un obstáculo al principio de la igualdad de aprender, enseñar, investigar y divulgar el pensamiento, el arte y el saber. Las normas rígidas y jerárquicas del militarismo impuesto a las escuelas lo imposibilitan. Incluso se han denunciado prohibiciones a que estudiantes presenten temas que no son del agrado de los militares. Esto atenta contra la constitución del país que garantiza la pluralidad de ideas en el entorno escolar.

La gratuidad garantizada en la Constitución también se ve amenazada, ya que muchas de las escuelas militarizadas pasan a cobrar matrículas, contribuciones mensuales “voluntarias” y uniformes que suelen ser más caros que en la enseñanza pública. La valorización de la profesión docente, con la exigencia de formación compatible e ingreso solo por medio de concurso público, se ha subvertido y violado sistemáticamente, por un lado, con la llegada de docentes militares para impartir algunas asignaturas y, por otro, con la imposición de militares en cargos de dirección y de gestión de la escuela, lo que termina por afectar también la garantía de una gestión democrática.

Con respecto a la garantía de calidad educativa, mucho se ha hablado acerca de los resultados alcanzados por estas instituciones que, frecuentemente obtuvieron mejores resultados en las evaluaciones estandarizadas que se aplican en Brasil. Esa mejora se debe, principalmente, al mayor aporte de recursos con los que esas escuelas cuentan, así como a la selección impuesta, en esos centros educativos militarizados, rechazando a estudiantes que se “desvían” del estándar que se desea alcanzar. No hay espacio, en un ambiente militarizado, para una educación libertadora, que emancipe al educado como ser humano.

La militarización de las escuelas representa exclusión, ataque a los más pobres y a la propia democracia

Según análisis por el sociólogo y educador Miguel Arroyo, el proceso de militarización de las escuelas es un proyecto de criminalización de las infancias populares. Arroyo destaca una tendencia general a la mayor incidencia de este proceso en las áreas populares y periféricas de nuestras ciudades.

De hecho, el experimento de militarización de las escuelas brasileñas se ha impuesto de forma casi prioritaria en las áreas periféricas en las que viven los niños y niñas afrodescendientes más pobres y poblaciones más vulnerables. Con el pretexto de mitigar la violencia en las escuelas, mal que afecta de forma trágica a una sociedad marcada por tanta desigualdad social y económica, la ideología de la militarización ha conquistado apoyo social, en particular entre ese segmento de la población.

La idea, compartida por algunas familias de esas áreas más periféricas, de que una escuela militarizada ofrecerá más seguridad a sus hijos e hijas, es el reflejo de una política de Estado que impone miedo y amenaza.

La gravedad del experimento de las escuelas militarizadas se acentúa cuando percibimos que esta política generará más exclusión y prejuicios en el entorno escolar. Si estos aspectos ya presentaban deficiencias en el espacio escolar civil, tenderán a agravarse drásticamente en el marco de los centros educativos militarizados.

La tendencia a uniformizar el comportamiento y la identidad del alumnado en un espacio como la escuela generará más prejuicios y exclusión contra toda persona “diferente”, lo que terminará afectando a nuestros estudiantes más pobres, así como a las mujeres, las personas afrodescendientes, extranjeras, homosexuales y transexuales.

La lucha del sector educativo brasileño vislumbra muchos enfrentamientos a este sistema que, de forma abrumadora, se impone trágicamente en el país tras la elección de Bolsonaro, principal difusor de este modelo de educación. Más allá de esto, se tendrá que enfrentar una ideología difundida y asimilada por algunas familias de ese modelo de escuela como opción válida para la educación de sus hijos e hijas. Ante tantas transgresiones explícitas practicadas contra nuestro ordenamiento jurídico, inevitablemente ese debate terminará siendo llevado ante los tribunales superiores de nuestro país.

Lo fundamental es que la defensa de la escuela pública adquiere hoy el carácter de una lucha política por la defensa de la propia democracia en nuestro país. Una democracia, la brasileña, terriblemente amenazada en estos tiempos trágicos de gobierno Bolsonaro.