Este mes, se publicó el Segundo Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Violaciones de Derechos Humanos en Filipinas (Investigate PH). El informe documenta la intensificación de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado con arreglo a las políticas de seguridad y las declaraciones violentas del Presidente Rodrigo Duterte, que se han adoptado como órdenes oficiales.
En el informe se destacan tres aspectos del terror del Estado en Filipinas: una guerra contra los pobres (bajo la apariencia de una “guerra contra las drogas”), una guerra contra la disidencia y una guerra contra el pueblo moro.
Ataques a sindicalistas de la educación
En el informe se identifica a la Alliance of Concerned Teachers (ACT), organización miembro de la Internacional de la Educación en Filipinas, como uno de los principales objetivos de las violaciones de los derechos humanos. Una implacable campaña de “marcas en rojo” trata de denigrar a los sindicatos del sector público, incluida la ACT, tildándolos de frentes comunistas.
Además de las declaraciones públicas contra el sindicato, el régimen también ha perseguido directamente a líderes sindicales. En el informe figura el ejemplo de Rosanilla Consad, Secretaria del sindicato ACT Region XIII y Subdirectora Adjunta de la escuela nacional de secundaria San Vicente. Fue arrestada a raíz de una falsa acusación de intento de homicidio en marzo de 2021. La interrogaron sin asesoría jurídica y la presentaron en una conferencia de prensa como una “alta funcionaria” del Nuevo Ejército del Pueblo, el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas.
En el informe también se señala que docentes y dirigentes sindicales han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía y militares.
“La máquina de matar perfeccionada en la Guerra contra los Pobres se está volviendo ahora contra los defensores de los derechos humanos y los opositores políticos a la política del gobierno. En redadas al estilo “tokhang”, la policía y el ejército de Negros, Panay y Tagalog del Sur han asesinado extrajudicialmente a líderes [agrícolas], concejales, profesores, abogados, médicos, líderes campesinos, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, líderes indígenas y organizadores de los pobres de las ciudades en sus propios hogares o al ir o volver de su trabajo”.
A colación del informe, David Edwards, Secretario General de la Internacional de la Educación y Comisionado de Alto Nivel de Investigate PH, declaró:
“Este sólido informe pone de relieve las ejecuciones extrajudiciales, los arrestos y las detenciones ilegales, el acoso y demás tipos de violaciones de los derechos humanos que han sufrido líderes y miembros de la Alliance of Concerned Teachers y de otras afiliadas de la Internacional de la Educación en Filipinas. Nuestra contribución a este informe es otra medida para garantizar la protección en todo momento de docentes, personal académico, sindicalistas, periodistas, personas que defienden los derechos humanos y demás activistas de los derechos civiles, que están o parecen estar en la oposición”.
La necesidad imperiosa de una movilización internacional urgente
Este es el segundo de una serie de tres informes de Investigate PH. Se basa en los hallazgos del Primer Informe, publicado en marzo de 2021, que se corroboraron más tarde, en junio de 2020, en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El informe contiene un importante conjunto de recomendaciones, además de una clara petición de una sonda dirigida por las Naciones Unidas para detectar las violaciones de los derechos humanos de la administración de Duterte.
La publicación del Segundo Informe se produce tras la reciente petición de Fatou Bensouda, fiscal general saliente de la Corte Penal Internacional, de una investigación de la sangrienta “guerra a las drogas” del Presidente Duterte. Su lanzamiento también coincidió con el 47.º período de sesiones ordinarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El informe se presentará ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos, la Secretaría General de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.
El informe completo (en inglés) y sus resúmenes ejecutivos (en español) están disponibles aquí.
La Internacional de la Educación apoya activamente a sus organizaciones miembros de Filipinas en su defensa de los derechos humanos y sindicales, así como del derecho de todo el alumnado a una educación pública de calidad.