En una serie de protestas de advertencia que tuvieron lugar el 30 de junio, sindicatos ucranianos de todos los sectores, incluido el de la educación, se movilizaron contra los cambios propuestos por el Gobierno a la legislación laboral, que vulneran la libertad sindical, el derecho a organizarse y el derecho a la negociación colectiva.Los activistas sindicales se manifestaron en las principales ciudades del país para exigir al Gobierno que abandonara sus planes de adoptar el proyecto de ley antisindical 2681, así como otros proyectos de ley antisociales. En Kiev, varios miles de activistas formaron piquetes en los edificios del Parlamento ucraniano (Verkhovna Rada) y de la Oficina del Presidente de Ucrania.
“Nuestra reivindicación principal es que se retire el proyecto de ley antisindical y que la legislación sindical se modifique únicamente a través del diálogo con los sindicatos”, declaró Georgiy Trukhanov, presidente del Sindicato de Trabajadores/as de la Educación y la Ciencia de Ucrania (TUESWU, por sus siglas en inglés).
Las posiciones sindicales fueron presentadas ante el Parlamento y la Oficina del Presidente. Tras las acciones sindicales, el Parlamento ucraniano ha aplazado el examen de la legislación.
Los sindicatos reclaman:
- Que el Gobierno deje de promover el proyecto de ley laboral antisocial que vulnera los derechos sindicales de los/as trabajadores/as.
- Que se retire del Parlamento ucraniano el proyecto de ley antisindical número 2681.
- Que únicamente se realicen reformas en la legislación tras consultar a los sindicatos y con su participación.
- Que se suprima del proyecto de ley número 2275 la disposición que elimina la representación equitativa de los sindicatos y las organizaciones de empleadores/as en las juntas de fondos de la seguridad social.
- Que se destituya a Halyna Tretyakova del cargo de presidenta de la Comisión Parlamentaria de Política Social y Protección de los Derechos de los Veteranos por su aplicación de políticas antisociales.
Además, los sindicatos instaron a las autoridades a:
- Reanudar las actividades en los lugares de trabajo, proporcionar ayudas financieras a los/as trabajadores/as afectados por la crisis económica del coronavirus y pagar los salarios atrasados.
- Mantener la asequibilidad de los servicios de atención sanitaria para la población, renunciando a la política de cierre de instalaciones sanitarias y al despido de trabajadores/as sanitarios, y garantizando salarios decentes y condiciones de trabajo seguras durante la crisis del coronavirus.
Este comportamiento reincide en los métodos empleados a finales de 2019, cuando el Gobierno introdujo dos importantes leyes laborales —una de las cuales era sobre derechos sindicales— sin mantener un debate auténtico con los sindicatos ni con las organizaciones de empleadores/as, y trató de acelerar su aprobación sin realizar el debido examen. También se produjeron manifestaciones masivas por parte de los sindicatos, así como acciones de solidaridad mundial.
A principios de mayo de este año, una misión compuesta por la Confederación Sindical Internacional, la Confederación Europea de Sindicatos y el Consejo Regional Paneuropeo celebró extensas reuniones en Ucrania y recibió promesas de que la reforma laboral sería conforme con las normas europeas y de la OIT.
En esta ocasión, los sindicatos de Ucrania recibieron el apoyo de la Agrupación Global Unions, que una vez más se puso en contacto con el presidente y el Parlamento, instándolos a reconsiderar la legislación propuesta. Muchos solicitaron también la intervención de sus afiliados. La Internacional de la Educación envió a sus organizaciones miembros un llamamiento urgente a la acción para protestar por esta iniciativa. El TUESWU ha transmitido su agradecimiento a la IE y al Comité Sindical Europeo para la Educación, el CSEE, por sus intervenciones, así como por el apoyo de sus organizaciones miembros.
En respuesta a las acciones sindicales en Ucrania, el secretario general de la IE, David Edwards, ha declarado: “Si bien felicitamos a nuestra organización miembro de Ucrania y a los demás sindicatos por haber conseguido que se aplace el examen de esta peligrosa legislación, lo cierto es que esta forma de actuar se ha convertido en un desafortunado modelo de comportamiento por parte del presidente y el Parlamento: presentar una legislación imprudente que compromete los derechos humanos fundamentales de los/as trabajadores/as, sin mantener consultas tripartitas ni solicitar el asesoramiento de la OIT. Es más, con seis meses de diferencia, trataron de poner en marcha, por la vía rápida, una serie de cambios radicales y de gran alcance. Se trata de una actuación no solo irresponsable en lo que respecta a los/as trabajadores/as y sus derechos, a la cohesión social y al futuro de la economía, sino que además erosiona la gobernanza y la democracia”.