El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) ha elaborado una declaración para la reapertura segura de centros educativos en la región.
La Declaración se realizó tras un acuerdo tomado en la reciente reunión del Comité Regional de la IEAL y el Consejo de Presidencias y Secretarías Generales, que incluye a todas las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación en la región.
En ella se denuncia cómo se está privilegiando la vuelta a la actividad económica, y por ende la reanudación de las actividades educativas, sin que existan las condiciones mínimas necesarias para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes. Una de las condiciones claves, ausente en la mayoría de los países a excepción de Argentina, es, precisamente, el diálogo con sindicatos para determinar las diferentes etapas a la hora de planificar la vuelta a las aulas. Además, se denuncia la falta de mecanismos para “escuchar las propuestas de los sectores estudiantiles organizados, de forma que puedan participar en la definición de estas etapas”.
Es necesario, además, la coordinación entre el sector docente, las universidades públicas y los sectores de investigación pública para definir acciones que apoyen la modalidad de la educación virtual y a distancia, así como poner límite al lucro privado en la promoción de plataformas virtuales.
Otras demandas importantes por parte de las y los docentes de América Latina son recursos básicos como agua y jabón, kits sanitarios, pero también infraestructuras que permitan la distancia social e impidan la propagación del virus en los centros educativos.
En paralelo, y en vistas del contexto de crisis económica generado por la pandemia, se pide que se refuercen los comedores escolares, se garantice el transporte gratuito y/o subvencionado para las y los estudiantes, así como material didáctico para el alumnado que no tiene acceso a internet.
Asimismo, en el contexto actual se reclama al sector privado en particular la protección de los puestos de trabajo docentes y el respeto de los acuerdos en materia de salarios.
La declaración hace un llamamiento específico a los gobiernos de Chile y Colombia, que a pesar de estar profundamente impactados por la pandemia, están destinando “los escasos recursos estatales para subsidiar a empresas privadas vinculadas al negocio de las evaluaciones estandarizadas.” La declaración también reflexiona sobre la manera de financiar adecuadamente las políticas de salud, empleo y educación pública, insistiendo en la importancia de implementar reformas tributarias progresivas, promover la cancelación o renegociación de la deuda externa de los países de América Latina, o la reactivación de la obra pública, entre otras.
Por último, la declaración se hace eco de la actual demanda a todos los gobiernos de América Latina, sobre la creación de una Renta Básica Universal de carácter nacional que garantice a todos los hogares un ingreso que permita sostener sus necesidades básicas. Para acceder al texto íntegro de la declaración haga click aquí.