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“Es el momento de poner el foco y actuar en Filipinas”, por David Edwards, Anthony Bellanger y Ambet Yuson

publicado 20 marzo 2019 actualizado 23 julio 2024
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La democracia está amenazada desde dentro en muchos países donde las fuerzas autoritarias, a menudo populistas y nacionalistas, han ganado terreno. Las instituciones de la democracia han sido atacadas. Y Filipinas es uno de esos países.

Antecedentes

Aunque ha sido una democracia durante la mayor parte del período de posguerra y durante varias épocas previas a la guerra, a menudo ha habido tiempos difíciles en los que los derechos humanos y los procesos democráticos no se han respetado plenamente. Uno de esos episodios fue de 1972 a 1986, época en la que el Presidente Ferdinand Marcos declaró la ley marcial y, básicamente, gobernó como un dictador.

Los ataques actuales contra la democracia continuaron tras la elección democrática de Rodrigo Duterte frente a otros cuatro candidatos. Fue elegido en 2016 para un solo mandato de seis años por una mayoría relativa del 39%. Muchas de las promesas de su campaña fueron “progresistas”, entre las cuales figuraban medidas para combatir la pobreza, construir infraestructuras y aumentar el empleo. También prometió ejecutar a decenas de miles de consumidores y traficantes de drogas.

Duterte ha cumplido esa última promesa. Según indicó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su intervención en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado el 6 de marzo de 2019, hasta 27000 personas podrían haber sido asesinadas durante esa campaña antidroga. Algunas han sido asesinadas por el Estado y otras por “agentes no estatales” (escuadrones de la muerte).

Además, Bachelet señaló que Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos, junto con líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas, han recibido amenazas. También se mostró alarmada por la erosión del Estado de derecho y por las propuestas de imponer la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas y reducir la edad de responsabilidad penal de los 15 años a los 12 o incluso a los 9 años.

El Estado de derecho también se ha debilitado porque el poder judicial ha perdido independencia. En Mindanao se ha declarado la ley marcial. Existen temores de que pueda volverse a instaurar en todo el país.

Además de por mostrarse firme para erradicar las drogas, Duterte fue elegido para acabar con la corrupción. Un ejemplo demuestra que su masacre no ha puesto fin ni a las drogas ni a la corrupción. Las ejecuciones extrajudiciales de consumidores de drogas y vendedores de drogas de poca monta se han disparado.

Sin embargo, cuando los dos mayores cargamentos de drogas llegaron a Filipinas, uno por valor de 6,4 y, el otro, de 6,8 miles de millones de pesos (juntos, el equivalente a cientos de millones de dólares de los Estados Unidos), los oficiales de aduanas al cargo, que además miraron hacia otro lado, simplemente fueron reasignados.

Motivos de esperanza

Así como la corrupción resultó ser el talón de Aquiles de Marcos, puede que la historia se esté repitiendo. Tal y como se ha visto en otros países, puede que las personas estén dispuestas a renunciar a algunos de sus derechos democráticos para combatir la corrupción, pero no perseguían ver menguados sus derechos y que la corrupción se siguiera expandiendo. Al igual que bajo el mandato de Marcos, este es un motivo principal del descontento de la opinión pública.

Otra enseñanza que se extrajo de la época de Marcos es que las personas nunca pierden la esperanza de tener un futuro mejor y más democrático. Y los activistas, incluso durante los días más oscuros, siguieron reuniendo apoyos para conseguir derechos y organizándose.

La mayor parte del movimiento sindical pluralista de Filipinas se ha congregado en una amplia coalición llamada NAGKAISA con prioridades y medidas comunes. Han conseguido trabajar juntos con eficacia en varias cuestiones legislativas y, a pesar de las dificultades, han sido capaces de realizar progresos.

El Presidente ha aprobado y firmado la licencia de maternidad. El Presidente también ratificó y firmó el Convenio de la OIT sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151), que aborda la organización y la negociación colectiva de los derechos de los empleados públicos. Asimismo, se están manteniendo debates sobre los derechos de los trabajadores con contrato/en condiciones precarias, aunque la legislación no sea definitiva.

Periodistas

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), la federación mundial de sindicatos de periodistas y la mayor organización de periodistas del mundo, en su informe sobre la libertad de los medios de comunicación, clasificó a Filipinas en el peor puesto en relación con la seguridad de los periodistas de Asia Sudoriental. Desde la elección de Duterte en 2016, 12 periodistas han sido asesinados.

Se han utilizado los medios sociales a gran escala para hacer circular noticias falsas, incluso a través de las actividades de Cambridge Analytics, la misma empresa que fue la primera en emplear la microselección de cuentas de FACEBOOK para desinformar en los Estados Unidos en la campaña presidencial de 2016 y en el referéndum del brexit en el Reino Unido el mismo año.

Los periodistas de Filipinas han sido objeto de ciberacoso que ha comprendido, por ejemplo, ataques anónimos y no corroborados contra ellos acusándoles de estar relacionados con organizaciones de narcotraficantes o de ser miembros del Partido Comunista. Las amenazas, incluidas las amenazas de muerte, se han convertido en algo común.

Si los asesinatos se suman a las amenazas de muerte, el acoso en línea, la vigilancia policial y la revocación de las licencias de explotación, la FIP registró 85 casos de agresiones en los medios de comunicación desde junio de 2016 hasta mayo de 2018. Es muy posible, incluso probable, que la Oficina de la Presidencia esté implicada. La FIP denuncia un ataque “bien financiado y organizado de manera profesional” a periodistas sin “fundamento de hecho o de derecho”. El sitio web de la organización miembro de la FIP, el National Union of Journalists of the Philippines(NUJP), ha sido clausurado varias veces por ciberataques.

El Secretario General de la FIP, Anthony Bellanger, condenó los ataques a los periodistas filipinos, pero destacó que, “la historia demuestra que, a pesar de los esfuerzos sistemáticos por generar temor e intimidación, nuestros compañeros de Filipinas han demostrado coraje, incluso en los peores momentos de la ley marcial, y han rechazado ceder el paso a los tiranos. Sin embargo, se les debe dar visibilidad y han de contar con el apoyo de otros periodistas y sindicalistas, y de todas aquellas personas que se preocupan por los derechos humanos y la libertad. No deben estar ni sentirse solos”.

Docentes

Los docentes de Filipinas sufren amenazas y acoso similares. En un encuentro sobre solidaridad celebrado en Manila el 21 de febrero, la organización miembro de la Internacional de la Educación, Alliance of Concerned Teachers(ACT), denunció 34 casos registrados de elaboración de perfiles, vigilancia y acoso policiales de docentes sindicalistas en 10 regiones. Un documento filtrado del distrito policial de Manila reveló que la policía recibió órdenes de realizar un “inventario” de todos los educadores que eran miembros de la ACT.

El pasado noviembre, el anterior Secretario General de la ACT, France Castro, y 17 compañeros fueron detenidos acusados de cargos falsos mientras visitaban las escuelas lumad en una misión humanitaria y solidaria. Los agentes militares han cerrado muchas escuelas a la fuerza, lo que ha generado el desplazamiento de más de 346000 personas.

El actual Secretario General de la ACT, Raymond Basilio, también ha sido objeto de acoso, e incluso recibió una amenaza de muerte por mensaje de texto en su teléfono durante una conferencia de prensa en enero.

El Secretario General de la Internacional de la Educación, David Edwards, que intervino en el encuentro sobre solidaridad de la ACT, declaró, “Abandoné Manila conmocionado por los intentos sofisticados y sumamente organizados de intimidar a los docentes, así como de distorsionar los planes de estudio para que recojan las opiniones de los responsables políticos actuales. No obstante, también me fui con una tremenda admiración y respeto por los dirigentes y miembros de la ACT, por su coraje y por sus esfuerzos por proteger su profesión y su sindicato, y mantener los vínculos con sus comunidades. Necesitan, se merecen y recibirán nuestro apoyo firme y constante”.

Conseguir el cambio

El Secretario General de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), Ambet Yuson, es un veterano que luchó para restaurar la democracia en Filipinas en la época del Presidente Marcos. Ha seguido muy de cerca la situación en su país de origen.

Yuson señaló que, “aunque no se conocen muchos detalles fuera de Filipinas acerca de lo que ocurre, hay buenas y malas noticias. Por un lado, el Presidente está a menos de la mitad de su mandato y puede hacer más daño a la democracia y las instituciones de las que depende. Por otro lado, a pesar de la intimidación, los métodos del estado policial y la difusión deliberada de desinformación, desconfianza y temor, muchas personas valientes están desafiando al régimen y defendiendo la democracia”.

Yuson argumentó que, “aunque el Presidente Duterte muestra desprecio por la opinión del resto del mundo, la población de Filipinas está, más que nadie, anclada e integrada en la comunidad internacional. Más de 12 millones de filipinos viven en el extranjero, y muchos de ellos son miembros activos de sindicatos”.

Añadió: “Como sindicalistas, debemos desafiar a todos los tiranos e intervenir allá donde la democracia esté amenazada. En Filipinas, dada la creencia popular en la democracia y en acatar las normas mundiales, así como la determinación de personas valientes para alzarse, la acción mundial por parte de los sindicatos y demás actores será más que palabras. Ayudará materialmente a cambiar la situación en el terreno y ayudará a las personas de Filipinas a salvaguardar y reconstruir su democracia”.

Las opiniones expresadas en este blog pertenecen al autor y no reflejan necesariamente ninguna política o posición oficial de la Internacional de la Educación.