La Internacional de la Educación ha condenado enérgicamente el arresto y detención ilegal de los miembros de una misión de solidaridad con las escuelas lumad del municipio de Talaingod, en Dávao del Norte.
En una carta con fecha del 29 de noviembre, dirigida al presidente de la República de Filipinas Rodrigo Duterte, el secretario general de la IE David Edwards explica que, según la alianza de docentes afectados Alliance of Concerned Teachers(ACT), organización afiliada a la Internacional de la Educación (IE), la comitiva de la misión de solidaridad fue atacada por miembros de un grupo paramilitar denominado Alamara, mientras esta permanecía detenida en un puesto de control la noche del 28 de noviembre. Los atacantes pincharon los neumáticos y rompieron los parabrisas de varios vehículos de la comitiva, además de efectuar varios disparos contra la misma. La policía no solo no protegió a los miembros de la comitiva contra este ataque, sino que los llevó a la comisaría de Talaingod. Actualmente permanecen detenidos bajo falsas acusaciones de trata de personas y maltrato infantil.
“Esto demuestra que, en virtud del régimen de ley marcial de Mindanao, las personas más marginadas están viendo denegados sus derechos básicos, al tiempo que se criminalizan las intervenciones de los defensores de los derechos humanos”, ha denunciado firmemente Raymond Basilio, secretario general de la ACT y miembro del Consejo Ejecutivo de la IE.
La misión de solidaridad estaba compuesta por más de 70 docentes, estudiantes, defensores de los derechos humanos y otros voluntarios, entre ellos France Castro, representante del Parlamento y ex secretaria general de la ACT. El objetivo de la misión era brindar apoyo a los estudiantes y docentes de las escuelas lumad del municipio de Talaingod, que desde hace semanas vienen siendo blanco de acosos por parte de las fuerzas militares y paramilitares. El 56º batallón de infantería del Ejército Filipino ha cerrado a la fuerza varias escuelas.
IE: los derechos y libertades fundamentales deben respetarse
La Internacional de la Educación ha instado por tanto al Gobierno de Filipinas a:
- Poner inmediatamente en libertad a France Castro y los demás miembros de la misión de solidaridad, y retirar todas las acusaciones infundadas que pesan contra ellos.
- Respetar los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y otras minorías de Filipinas, y acabar con la criminalización de y el acoso contra los defensores de los derechos humanos, los docentes y los líderes indígenas.
La Internacional de la Educación también ha solicitado al Gobierno de Duterte que apruebe las Directrices para prevenir el uso militar de escuelas y universidades durante conflictos armados, y que proteja a los estudiantes, docentes, escuelas y universidades de los ataques y cualquier otra acción –como el cierre de escuelas– que pueda interferir con el derecho a la educación.