Este artículo resume las acciones emprendidas por la Internacional de la Educación y sus afiliadas en el continente en la defensa de la educación pública de calidad frente a los embites de la privatización en y de la educación.
Si la educación universal, pública y gratuita fue uno de los mayores logros del Estado del Bienestar, también es uno de los escasos sectores públicos que hasta ahora se han resistido a la mercantilización y liberalización. No obstante, el valor de mercado que representa la convierte en un objeto deseado por parte de empresas con ánimo de lucro, que ya están expandiendo sus actividades en todos los continentes. En algunos casos con la connivencia de los Estados-nación, en otros por su mera ausencia o desentendimiento, en ocasiones a raíz de desastres naturales que arrasan con la infraestructura educativa, la impronta de la empresa privada sobre la provisión de la educación es un hecho innegable.
Frente a esta realidad, que constituye una amenaza tanto para la educación como derecho humano como para la condición de la profesión docente, la Internacional de la Educación decidió adoptar una resolución durante su 7º Congreso que puso en marcha la Respuesta Global frente a la Privatización y la Comercialización de la Educación.
América Latina también participa en este proyecto prioritario desde su inicio, con una estrategia regional que bebe del Movimiento Pedagógico como marco político de empoderamiento. En línea con la estrategia global se han realizado investigaciones en distintos países que han llevado a recomendaciones de política, a la creación de alianzas y a la acción sindical y política basadas en los hechos desvelados por dichos estudios. En todos los casos se ha podido constatar la urgencia y la gravedad de este fenómeno.
De la investigación a la acción
La primera investigación realizada, “La privatización educativa en América Latina: Una cartografía de políticas, tendencias y trayectorias”, es un mapeo de las tendencias y las tipologías de la privatización educativa en América Latina. Se refleja que América Latina y el Caribe destacan por ser la región con la tasa de escolarización primaria privada más alta del mundo, y donde el crecimiento ha sido más sostenido desde mediados de los años noventa.
A este estudio le siguieron diversos otros sobre casos nacionales, como por ejemplo “Privatización educativa en Uruguay: políticas, actores y posiciones” que pone de manifiesto la privatización latente de la educación en Uruguay. Destaca el proceso de privatización ‘ a través’ de la política educativa, entendiendo este como la influencia creciente de actores privados–corporaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones filantrópicas– en espacios de poder y toma de decisiones que determinan la direccionalidad político-pedagógica de la agenda pública educativa.
Estrategia regional
En julio de 2018, la Reunión del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) en Cochabamba, Bolivia, se centró en el tema de la privatización. Hugo Yasky, presidente de la IEAL, denunció la complicidad entre los intereses de sectores empresariales y los gobiernos de algunos países latinoamericanos, con la implementación de medidas orientadas a deshacer los avances alcanzados en la última década por los gobiernos progresistas. “Hoy está en debate en América Latina (…) la subsistencia de la educación entendida como un derecho social”, afirmó Hugo Yasky en su exposición. Además denunció el papel de las instituciones financieras internacionales, a las que señaló como “una especie de supragobierno por encima de nuestros gobiernos”, y que además tienen un rol central en el impulso a las medidas privatizadoras de la educación en la región.
La Respuesta Global en América Latina, tras tres años de investigación, actividades y acción política, ha logrado aglutinar a diversos movimientos sindicales, sociales y políticos en torno a un objetivo común: integrar en todas las agendas y planes de acción de sus miembros la defensa de la educación pública de calidad frente al avance del lucro. En la Declaración adoptada en Cochabamba esta estrategia se sintetiza afirmando que: “En una región como América Latina, donde el mayor desafío es cerrar la brecha de la desigualdad y promover la inclusión social, el llamado debe ser, entre otras cosas, a fortalecer los derechos”. La declaración, avalada por el Gobierno de la República Plurinacional de Bolivia, implica una toma de posición que reconoce el papel central de los sindicatos de la educación como agentes de transformación y movilización de las fuerzas políticas y sociales.