La Internacional de la Educación reitera su llamamiento a la acción y su profunda preocupación después de que expertos de la ONU hayan declarado que “Filipinas necesita medidas urgentes para revertir la espiral de violaciones de los derechos”.
El Gobierno de Filipinas debe responder urgentemente al creciente número de informes que están saliendo a la luz sobre las violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en el país, incluyendo asesinatos, amenazas a pueblos indígenas y ejecución sumaria de niños, según ha declarado un grupo de expertos de las Naciones Unidas el pasado 31 de julio.
“Se está produciendo una espiral descontrolada de ataques contra muchos grupos de la sociedad y hacemos un llamamiento urgente para que el Gobierno tome medidas”, subrayan en un llamamiento conjunto a la acción.
“Múltiples violaciones graves de los derechos humanos” y “los niños no se salvan”
“Estamos siendo testigos de múltiples violaciones graves de los derechos humanos, en especial contra pueblos indígenas y defensores de los derechos humanos”, lamentan. “Los niños no se salvan y siguen estando en una situación de alto riesgo en un clima de violencia imperante”.
Consternados por los crecientes niveles de violencia, asesinatos, intimidación y acosos que están sufriendo los defensores de los derechos humanos –incluidos los que protegen a los pueblos indígenas–, los organizadores sindicales, los campesinos y los miembros de sus familias, los expertos añaden que “las alegaciones de ejecuciones sumarias, incluso de niños, también están aumentando. Todos estos casos deben ser investigados a fondo, y los perpetradores tienen que ser juzgados”.
También han puesto de relieve que algunas de las personas que están siendo objeto de estos ataques estaban defendiendo los derechos de los pueblos indígenas de Lumad que, según se ha informado, han sufrido amenazas especialmente graves en la isla de Mindanao, a menudo con el consentimiento o el apoyo directo de las fuerzas de seguridad, mientras defendían sus tierras ancestrales de la invasión de las empresas.
Los expertos han señalado la publicación de informes fidedignos sobre numerosos asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de aldeanos, campesinos y defensores de los derechos humanos que trabajan con ellos.
Han instado al Gobierno a que garantice la protección efectiva de personas y grupos que pudieran ser objeto de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, y de quienes reciben amenazas de muerte, concluyendo que “también debe impedir la incitación a la violencia y los asesinatos de comunidades indígenas, defensores de los derechos humanos y agricultores”.
Acción solidaria de la IE
El 24 de julio, hablando en una rueda de prensa televisada, el Presidente de Filipinas Rodrigo Duterte amenazó con bombardear las escuelas de Lumad en Mindanao “donde se está enseñando a los niños a rebelarse contra el Gobierno”.
El 28 de julio, la Alliance of Concerned Teachers( ACT)- Philippines, afiliada a la Internacional de la Educación, participó en la rueda de prensa de la Save Our Schools (SOS) Network para denunciar esta declaración del Presidente Duterte. El Presidente Nacional de ACT, Benjamin Valbuena, compartió a continuación las medidas de solidaridad de la IE con estudiantes, docentes y pueblos indígenas filipinos, y solicitó a las autoridades públicas de Filipinas que pongan fin a los ataques contra escuelas, estudiantes y docentes indígenas.
En una carta dirigida al Presidente Duterte, la IE protesta enérgicamente contra su llamamiento público para llevar a cabo ataques aéreos contra las escuelas de Lumad. Invita asimismo al Gobierno filipino a aprobar las Directrices para la protección de escuelas y universidades del uso militar durante los conflictos armados, una herramienta intergubernamental concebida para proteger a estudiantes, docentes, escuelas y universidades de los ataques.
Además, en su llamamiento urgente a la acción con fecha del 26 de julio, la IE instaba a todas sus organizaciones miembros a tomar medidas inmediatas, como por ejemplo:
· Enviar una carta de protesta al Presidente Rodrigo Duterte y a las autoridades pertinentes de Filipinas (véase la carta modelo);
· Contactar a los gobiernos nacionales así como a los representantes diplomáticos de Filipinas en su país, solicitando entablar con las autoridades filipinas un diálogo para abordar estas cuestiones;
· Publicar declaraciones condenando los ataques contra las comunidades educativas de Lumad en Mindanao; y dar visibilidad a esta situación en las redes sociales.