El sindicato Alliance of Concerned Teachers ha condenado firmemente lo que considera una declaración y políticas por parte de las autoridades públicas Filipinas en contra de los docentes.
El 7 de julio, la Alliance of Concerned Teachers(ACT), una afiliada de la Internacional de la Educación en Filipinas, organizó una reunión frente al Ministerio de Educación (DepEd) en Manila con objeto de protestar contra la posición adoptada por la ministra de Educación, Leonor Briones, en lo que respecta al salario de los docentes.
Bajos salarios
La ACT ya había escrito anteriormente a Briones con el fin de solicitar mejores condiciones para los docentes. No obstante, "la carta de respuesta de la ministra Briones a la ACT demuestra que no posee ninguna consideración por los derechos y el bienestar de los docentes", ha declarado Benjamin Valbuena, presidente nacional de la ACT. "Briones ha reiterado su declaración, según la cual los docentes ya están bien compensados y no recibirán prestaciones locales ni subsidios adicionales para la compra de material pedagógico".
Según la ACT, los docentes no reciben una remuneración adecuada y obtienen un mísero sueldo; así pues, al comienzo de su carrera profesional, los docentes reciben la cantidad de 24 399,40 PHP (420 €) mensuales, que comprende el sueldo base, una ayuda de asistencia económica personal y una subvención en concepto de cotizaciones para las prestaciones debidas al personal.
El salario de los docentes resulta insuficiente para garantizar unas condiciones de vida dignas
El Gobierno realiza un cálculo diferente y afirma que, al comienzo de su carrera profesional, los docentes reciben 27 000 PHP (472 €) al mes. Para calcularlo, divide entre 12 meses el sueldo base anual, la prima semestral y la de fin de año, el subsidio para ropa, el incentivo para aumentar la productividad y los regalos en efectivo.
Valbuena cuestiona esta cifra, añadiendo que la prima semestral, la de fin de año, el subsidio para ropa, el incentivo para aumentar la productividad y los regalos en efectivo constituyen prestaciones temporales que no se incluyen en el cálculo de las pensiones de jubilación de los docentes. Estas prestaciones no deberían incluirse a la hora de calcular el salario base mensual de los docentes, manifestó Valbuena.
"En lugar de proteger nuestros derechos y nuestro bienestar, la ministra de Educación es la primera que nos los deniega, lo cual a la larga contribuye a la deficiente situación económica y los sacrificios de los docentes en el deteriorado sistema educativo K-12 de nuestro país", afirmó Valbuena. Los docentes y el sector de la educación en su conjunto seguirán "reclamando unos salarios y unos beneficios justos y decentes", añadió.