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El 22 de abril está previsto que se celebren una serie de concentraciones y manifestaciones (conocidas como Marcha por la Ciencia) en Washington D.C. y otras ciudades del mundo. Los sindicatos de la educación pueden desempeñar un papel decisivo en la campaña, especialmente ejerciendo presión con el fin de que se incremente la financiación pública destinada a la ciencia, se proteja mejor la libertad académica y se mejore la seguridad laboral de los investigadores.

La Marcha por la Ciencia tiene sus orígenes en Estados Unidos, donde, como consecuencia del éxito de la Marcha de las Mujeres, las organizaciones se han reunido para desafiar los recientes ataques sin precedentes contra la investigación científica, la libertad académica y la libertad de pensamiento, especialmente con respecto a la climatología. Los primeros meses del gobierno de Trump han sido testigos, por ejemplo, del nombramiento de activistas que niegan el cambio climático a cargos políticos fundamentales, de ‘leyes mordaza’ que afectan a los científicos y las organizaciones ambientales, y de la propuesta de recortes en el gasto federal asignado a la ciencia.

Si bien las medidas del gobierno de Trump han sido unpráctico toque de llamada, la Marcha por la Ciencia tiene como objetivo reunir a un grupo diverso, no partidista, para apoyar la ciencia en aras del bien común. También pretende reafirmar el valor de la formulación de políticas basadas en evidencias y la necesidad de defender a los científicos, particularmente cuando son silenciados o amenazados. Dada la preocupante tendencia hacia los discursos políticos ‘de la posverdad’, estos principios y objetivos fundamentales son más importantes que nunca.

A pesar de tener una misión que abarca una gran diversidad de intereses, la Marcha por la Ciencia ha tenido que hacer frente a una serie de críticas. Algunos científicos, por ejemplo, han cuestionado la falta de referencias a la diversidad y a la igualdad en la transmisión inicial de mensajes, mientras que otros siguen estando preocupados por la ‘ politización’ que se percibe de la ‘ciencia pura’. Sin embargo, estas controversias no han impedido el crecimiento en la adhesión de las organizaciones: más de 100 organizaciones estadounidenses están ahora registradas como asociadas, entre ellas la Federación Americana de Docentes.

También está previsto que el 22 de abril tengan lugar numerosas marchas de solidaridad internacionales o marchas satélite. Éstas comparten los objetivos generales de la campaña estadounidense, aunque con especificidades locales. En el Reino Unido, por ejemplo, los académicos ponen de relieve el impacto negativo que tiene el ‘Brexit’ para la movilidad científica y para la colaboración con los socios europeos, mientras que los activistas de Australia reclaman que el gobierno australiano destine una mayor inversión pública a la investigación científica, especialmente a la investigación básica.

Tanto la Internacional de la Educación como su región europea, el CSEE, han manifestado su apoyo a la Marcha por la Ciencia y una serie de afiliadas, por ejemplo de Italia y Francia, están animando a sus miembros a participar en las marchas satélite locales. Los sindicatos de la educación ocupan una posición privilegiada para garantizar que los mensajes políticos más amplios en torno a la democracia, la ciudadanía y la igualdad y la diversidad formen parte de la campaña en defensa del conocimiento científico y la investigación. Y dado que representamos a los investigadores de todas las disciplinas, los sindicatos pueden reclamar una noción integradora de la ciencia, que incluya las artes y las humanidades, así como las disciplinas académicas CTIM tradicionales.

Por último, también existe la posibilidad de poner de relieve la importancia de disponer de unas buenas condiciones de trabajo y, en particular, el vínculo esencial entre la seguridad laboral y la libertad académica como uno de los requisitos previos indispensables para la ciencia de calidad. Este año se celebra el vigésimo aniversario de la Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior que es la norma internacional más importante en el ámbito de la educación superior. La recomendación de la UNESCO incluye el derecho de los académicos a llevar a cabo trabajos de investigación sin interferencias ni restricción alguna a los resultados. También declara que “ La titularidad, cuando este régimen exista o, en su defecto, su equivalente funcional, constituye uno de los principales dispositivos de salvaguardia de la libertad académica y de protección ante decisiones arbitrarias”.

La Marcha por la Ciencia puede brindar a los sindicatos la oportunidad de resaltar cómo nuestros gobiernos están fracasando a la hora de defender estos principios. La creación de alianzas con asociaciones científicas y profesionales, grupos de estudiantes y el público en general, incluso el 22 de abril, también podría ayudar a fortalecer nuestras campañas en esta área.