El séptimo Congreso Mundial, reunido en Ottawa en julio de 2015, adopta la adición a la sección/los párrafos 3, 4 y 19, sobre la privatización y comercialización de los servicios educativos, del documento de política educativa “Construyendo el futuro a través de la educación de calidad”, que fue adoptado en el sexto congreso de la IE en 2011.
1. La IE está preocupada por el hecho de que las políticas de privatización y comercialización tengan por efecto socavar el derecho a una educación pública de calidad y gratuita, y pueden crear, exacerbar y arraigar desigualdades en el acceso y la participación, además de erosionar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en los centros escolares.
2. Los esfuerzos por privatizar y comercializar la educación están minando las relaciones laborales y tienen un impacto negativo sobre las condiciones de trabajo y los derechos de los docentes y el personal de apoyo educativo. Tales políticas además desmantelan la toma de decisiones democráticas y la rendición pública de cuentas, que resultan cruciales para la gobernanza de la educación. Los gobiernos no deben renunciar a su responsabilidad de proporcionar una educación gratuita, de calidad, financiada con fondos públicos, y de promover la educación en tanto que un derecho humano fundamental y un bien público a todos los niveles de la educación.
3. La IE se opone a la implementación de políticas de privatización, desregulación y a la reducción de los servicios públicos con la excusa de reducir los déficits gubernamentales y expandir la educación. La IE defiende el derecho de las comunidades a regular la calidad de la educación en el interés público, a incluir a los docentes en la toma de decisiones, y a protegerse frente a la influencia o incluso el dominio corporativo con fines de lucro, en el sector de la educación.
4. Todos los proveedores de la educación deben seguir iguales normas, regulaciones y procedimientos. Debe requerirse un acceso equitativo para todos los estudiantes a una educación de alta calidad, incluyendo contar con docentes y personal académico altamente capacitados y cualificados, independientemente de sus posibilidades económicas y sin discriminación. Los derechos de los docentes, el personal académico y el personal de apoyo educativo a unas condiciones de trabajo decente, salarios apropiados, condiciones de contratación y empleo justas, y desarrollo profesional de calidad, deberían garantizarse en cualquier contexto. Todos los trabajadores de la educación deberían tener derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical. Los docentes y el personal académico han de disponer de la libertad profesional y académica necesaria para utilizar los métodos docentes y los enfoques en las aulas que se ajusten mejor a los objetivos democráticamente decididos del sistema educativo, y no deberían estar sujetos a sistemas de remuneración según el rendimiento, que dependen de los resultados escolares de los estudiantes medidos a través de pruebas estandarizadas.
5. Los gobiernos deberían establecer mecanismos para el diálogo social y es necesario que los sindicatos de la educación aseguren su activa participación en los debates políticos y la elaboración de políticas, especialmente cuando se proponga la privatización de los servicios educativos.
6. La influencia de las corporaciones y otros actores privados en la educación, a través de la venta de servicios educativos y la aportación con fines de lucro de servicios educativos a todos los niveles, debe ser contrarrestada por una acción concertada por parte de la Internacional de la Educación y sus miembros, incluso recurriendo al establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones multilaterales y asociadas.