Varios hombres enmascarados entraron al aula y le dispararon, justo en mitad de la clase. No le dieron ninguna oportunidad de decir nada. Uno de los hombres enmascarados levantó del suelo el cuerpo sin vida de nuestro profesor y dijo: -Este hombre tuvo que morir porque les estaba enseñando ideas malas. Podemos matarles a ustedes también, así que no cojan ideas malas si quieren permanecer con vida.
Este testimonio fue recogido por el Dr. Mario Novelli en el informe Guerra en las aulas, elaborado para EI en 2009. Habla un niño, testigo directo del crimen. Pero, ¿quiénes son los hombres enmascarados y cuáles las ideas malas?
En Colombia, el miedo ha llevado a más de tres millones de personas a dejar sus hogares y sus tierras, al verse atrapados en medio de la confrontación entre los diferentes grupos armados: la guerrilla, de orientación marxista, el ejército, los narcotraficantes y los paramilitares de la extrema derecha. Un claro ejemplo de ello es la situación que se vive en las escuelas de las áreas rurales: los guerrilleros las utilizan como tribuna para pedir apoyo a la comunidad local; el ejército, como base de operaciones para su captura-helicópteros aterrizan en el patio, soldados pernoctan en ellas…-, los narcos las usan como almacén para ocultar drogas y los paramilitares irrumpen en ellas para liquidar a quienes consideran objetivos militares legítimos: los profesores.
Para terminar, los estudiantes son reclutados por la guerrilla y los paramilitares, estimándose la existencia de entre 8.000 y 10.000 niños soldados en la actualidad (Human Rights Watch, 2010).
Los trabajadores del sector educativo constituyen las principales víctimas de los asesinatos selectivos. La mayoría de ellos son miembros activos de un sindicato y, como tales, se oponen abiertamente al programa neo-liberal de recorte presupuestario y privatización de servicios públicos como la sanidad y la educación, así como de las industrias nacionales y los recursos naturales que se está llevando a cabo, desde 2002, bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe.
Como explica el Dr. Novelli en su informe, aunque los sindicalistas del sector educativo “han sido objetivo de todos los actores armados del conflicto colombiano, la participación de los grupos paramilitares ha sido la más frecuente y existen sólidas alegaciones que apuntan hacia sus fuertes nexos con secciones del Estado colombiano”.
Los escuadrones de la muerte
El origen de los paramilitares se remonta a los años 60, cuando los grandes terratenientes brindan su apoyo a grupos armados para que éstos les protejan de la guerrilla y evitar la inminente reforma agraria, basada en una redistribución de la tierra entre el campesinado.
Empieza así una sangrienta historia de asesinatos y violaciones de los derechos humanos por parte de estos grupos armados, que irán aumentando en número e influencia, tejiendo una red de “complejas, y a menudo contradictorias, relaciones con el poder político establecido, las oligarquías locales y los carteles de la droga”. En la actualidad se habla de parapolítica, refiriéndose a los nexos entre políticos electos y seguidores de Uribe con las organizaciones paramilitares. “La parapolítica demostró que el Estado no era una víctima”, afirma Novelli en su estudio. “Resultó que una parte importante de las élites regionales y nacionales, con una presencia decisiva en el Estado-ya sea como altos funcionarios del gobierno o como miembros destacados de los órganos de elección popular-se coaligaron con los paramilitares y narcotraficantes para consolidar su predominio dentro y fuera del estado y alterar la competencia política”.
Uniendo voces
Con el objetivo de diseñar nuevas estrategias para remediar esta situación, EI y su oficina regional en Latinoamérica organizaron unas jornadas de formación durante el pasado mes de abril en Bogotá junto a FECODE, la federación colombiana más importante de sindicatos de la educación y una de las más afectadas por la violencia política.
El encuentro sirvió para facilitar el intercambio de información y la cooperación entre activistas sindicales de todo el país. Datos extraídos en el evento muestran que, entre 1991 y 2010, fueron asesinados 873 docentes, 13 de ellos desde enero hasta abril de este año. Más del noventa por ciento de los asesinatos no se investigan, o no se logra identificar a los culpables. Testimonios de los asistentes fueron, asimismo, reveladores de cómo los intereses económicos constituyen un elemento clave para explicar el desplazamiento forzado de comunidades enteras-a menudo las más pobres y vulnerables, como es el caso de las indígenas- para liberar unas tierras que poco después se transforman en explotaciones mineras y plantaciones agrícolas extensivas, como las de palma aceitera para la producción de biodiesel, de capital extranjero. La Asociación de Educadores del Arauca explica en su informe: “Con el descubrimiento del petróleo y el auge de las guerrillas, este departamento cobra una gran importancia para la nación y los intereses foráneos, por los recursos naturales existentes. La zona de caño de limón, en donde se explota el petróleo, es un estado norteamericano dentro del estado, pues para nadie es un secreto las extremas medidas de seguridad y la presencia permanente de militares norteamericanos con las tropas colombianas”.
En este sentido, los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea que quiere ratificar el gobierno colombiano, suponen una desregulación peligrosa en las condiciones actuales, favoreciendo los intereses de las corporaciones multinacionales por encima del bienestar del pueblo colombiano y de su ya frágil economía local.
La IE y sus organizaciones miembros en Europa están presionando al Parlamento Europeo y la Comisión para que revise dichos acuerdos. A pesar de que existe una cláusula que prevé la anulación de éstos en el caso de una repentina caída del sistema democrático, la IE advierte a la comunidad internacional sobre el peligro de firmar un tal acuerdo con un gobierno que no hace lo necesario para acabar con las violaciones de los derechos humanos y, en especial, con la violencia ejercida contra los sindicalistas.
La pregunta que se plantea es clara, ¿qué se puede hacer para acabar con este clima de impunidad y violencia, arraigado en la base misma de un sistema que se dice democrático? Lo primero, seguir trabajando para que se escuche la voz de los docentes y llamar la atención de la comunidad internacional, una vez más, sobre la grave situación que se vive en Colombia. Hacerlo a través de los medios de comunicación y las agencias gubernamentales: el Consejo de Derechos Humanos, la UE y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas instancias pueden ser utilizadas para fortalecer el apoyo público y presionar al gobierno colombiano, de manera que proteja la vida de todos sus ciudadanos y refuerce el sistema judicial para que pueda acabarse con la impunidad reinante.
Yo quiero pegar un grito y no me dejan, dice una canción popular colombiana, un canto de vaquería prohibido en el año 48 por lo explícito del mensaje, aún disfrazado de tonalidades festivas. Docentes de todo el mundo deben unirse en solidaridad con Colombia y ser esa voz que denuncia, ese grito, terco, que se alza atravesando la tierra entera, hasta que callen las armas.
Por Mar Candela
Este articulo fue publicado en Mundos de la Educación, No. 34, junio 2010.