La investigación de un abogado especializado en derechos humanos ha revelado que uno de los fiscales iraníes más temidos del país ha estado poniendo obstáculos a la apelación de la condena a la pena de muerte contra el docente sindicalista iraní Farzad Kamangar.
Kamangar vive a la sombra de la pena de muerte desde febrero de 2008, cuando fue condenado en un juicio de menos de cinco minutos. A pesar de que las autoridades admitieron su apelación, el caso quedó paralizado cuando se elevó al Tribunal Supremo para su revisión. Después de un sinfín de retrasos y repetidas demandas, su abogado, Khalil Bahramian, recibió la noticia de que se había perdido el expediente.
El pasado 3 de febrero de 2010, Bahramian le comentó a la IE que dos días antes había acudido a la oficina del fiscal de Teherán para exigir explicaciones sobre el caso de Farzad: "al final encontramos el expediente de Farzad en la taquilla personal del anterior fiscal, Saieed Mortazavi".
El antiguo fiscal general de Teherán, Mortazavi, ha sido acusado repetidamente por abusos graves contra los derechos humanos. En enero, el parlamento iraní lo calificó como el principal responsable de la muerte de tres manifestantes detenidos durante una protesta celebrada después de las elecciones del año pasado. Además, se ha ganado la reputación de "asesino de la prensa" por encarcelar a los periodistas y cerrar más de 100 periódicos. El gobierno canadiense ha exigido su detención por la tortura y el asesinato de Zahra Kazemi, una periodista irano-canadiense que falleció en la prisión Evin, donde se encuentra Kamangar.
En el caso de Kamangar, parece que Mortazavi simplemente decidió ocultar cualquier prueba que demostrara que se estaba condenando a un inocente.
El caso se remonta a julio de 2006, cuando Kamangar fue detenido y acusado por primera vez de poner en peligro la seguridad nacional y de moharebe, es decir, encontrarse en un estado de enemistad con Dios. La acusación también presentó como alegación que era miembro del Kurdish Workers' Party (PKK).
Según Bahramian "No hay nada en los expedientes ni los informes judiciales de Kamangar que demuestre ningún vínculo con los cargos de los que se le acusan". En su opinión, los problemas de su cliente surgieron a raíz de su trabajo por la defensa de los derechos de la minoría curda. Kamangar impartió clase durante 12 años en una zona rural de la provincia de Kurdistán, donde participó activamente en la sección curda del sindicato de docentes hasta que fue declarado ilegal.
A lo largo de 2007, Kamangar fue retenido en varias instituciones penitenciarias, donde tuvo que soportar enfermedades, meses de reclusión en soledad y repetidas torturas de la mano de los funcionarios de la prisión, que intentaban forzar su confesión.
Su caso llegó al tribunal en febrero de 2008. El juicio fue celebrado en secreto y duró menos de cinco minutos. El tribunal prohibió que su abogado tomara la palabra. El juez pronunció la sentencia sin explicación alguna. Según Bahramian, este juicio a puertas cerradas violaba la legislación iraní, que establece que estos casos deben celebrarse públicamente y ante un jurado. Pero aún así, el Tribunal Supremo confirmó la pena de muerte en julio de 2009.
Desde que Mortazavi fue expulsado de la oficina del fiscal, hay otro fiscal trabajando en su caso. Aunque en un principio este cambio podría parecer positivo, no garantiza nada. Según Bahramian, cada vez hay más partidarios de la línea dura en puestos de poder y más influencia en el sistema judicial iraní, por lo que la situación de los sindicalistas y otros presos políticos es cada vez más difícil.
Asimismo, dijo que Farzad se encuentra preso en la prisión Evin de Teherán, en una sección pública donde hay tanto presos comunes como políticos. La celda de Farzad tiene una ventana y una litera. No hay salas para practicar ejercicio físico, pero intenta entrenar en su celda. Se le permite ducharse dos veces por semana.
El estado de salud de Farzad es delicado por varios motivos: las consecuencias físicas a largo plazo de las torturas; el fuerte estrés psicológico de vivir condenado a muerte; la escasa calidad de la comida, que carece de las proteínas y las vitaminas necesarias; y el frío, que favorece la transmisión de enfermedades contagiosas entre los presos.
Pero, a pesar de todo, Farzad hace todo lo posible por mantenerse positivo. Además, está estudiando derecho por la Universidad Payam e Nour, que ofrece programas de educación a distancia. Aunque el acceso a la información es muy limitado. En la prisión sólo hay disponibles libros y prensa pro gubernamental.
Sus familiares cercanos pueden visitarle una vez a la semana, pero no hay muchas oportunidades de mantener una conversación privada, ya que siempre hay un guardia presente. Bahramian dijo que siempre tiene mucho cuidado para que el guardia no se acerque demasiado y oiga el asesoramiento legal que le ofrece a Farzad.
"Es importante destacar que mantener a alguien en prisión ya es un tipo de tortura, especialmente en la situación de Farzad, ya que teme que en cualquier momento se le aplique la pena de muerte".
A la pregunta de si la presión pública de la comunidad internacional está ayudando de algún modo a Farzad, respondió que: "No cabe duda de que tiene un impacto extraordinario. Yo no soy más que una persona que trabaja como abogado, la campaña de los docentes de todo el mundo ha sido fundamental para mantenerlo vivo. Debería continuar".
Entretanto, Khalil Bahramian sigue con el solitario y peligroso trabajo de defender los derechos humanos en Irán.
"Hay muy pocos abogados que se arriesguen y defiendan casos como el de Farzad. Es evidente que corremos un gran peligro". "La presión sobre los abogados especializados en derechos humanos es importante, pero tenemos que apoyar a la gente y defender los derechos de los ciudadanos. A mí no me importa que me quemen el coche o me hagan otras cosas, pero he de confesar que mi familia sufre más que yo”.
La Internacional de la Educación sigue instando al gobierno iraní a que conmute la pena de muerte dictada contra Farzad Kamangar y ha presentado varias protestas formales ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas bajo el procedimiento de Revisión Periódica Universal. Por otro lado, las afiliadas del Reino Unido y EE.UU. han escrito a sus respectivos Secretarios de Estado, David Miliband y Hillary Clinton, para pedirles que retomen el caso de Kamangar con las autoridades iraníes.