En nombre de la Internacional de la Educación, la mayor federación sindical mundial, que representa a 30 millones de docentes y personal de la educación en todo el mundo, con 406 sindicatos afiliados en 172 países y territorios, me complace dirigirme a la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de 2009 de la UNESCO.
Este encuentro tiene lugar una década después de la primera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. Este es también el 12º aniversario de la Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior, que establece los derechos fundamentales de empleo y académicos del personal docente necesarios para garantizar la provisión de una educación de calidad.
Sin embargo, en demasiados lugares del mundo, estos derechos fundamentales han sido ignorados, pese a que la piedra angular de la misión pública de la educación superior es el personal académico. Ninguna institución ni sistema puede tener éxito sin un cuerpo docente capaz y comprometido. Las instituciones y sistemas de educación superior deben ofrecer al personal académico una remuneración adecuada, oportunidades profesionales a tiempo completo con la debida seguridad y estabilidad del empleo, una voz efectiva en la gestión académica y firmes garantías de libertad académica.
Es absolutamente escandaloso que actualmente, en muchos países, un porcentaje cada vez mayor del personal académico se encuentre en condiciones de empleo precarias, con empleos de duración determinada y a tiempo parcial con bajos salarios, pocas prestaciones o ninguna y sin protección de la libertad académica. Esta situación no sólo es injusta para ellos, sino que tendrá repercusiones a largo plazo para la integridad de la misión de la educación superior.
Es hora de que ustedes, los Estados miembros de la UNESCO, respeten y apliquen plenamente los principios de la Recomendación de 1997.
Hoy estamos reunidos en el contexto de una serie de retos de magnitud mundial. En concreto, el mundo se enfrenta actualmente a una grave recesión económica, la más grave del período de la posguerra. Es una crisis económica cuyo alcance es realmente mundial y que está destruyendo los puestos de trabajo y medios de subsistencia de millones de personas, incrementando así la desigualdad en el seno de los países y entre ellos.
No obstante, la crisis a la que ahora nos enfrentamos no debe ser utilizada como pretexto para reducir las inversiones en la educación superior. No debe ser una excusa para aplazar la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluida la Educación para Todos. No debe utilizarse para aplicar las fallidas políticas neoliberales. La financiación pública de la educación no es un gasto, es una inversión sólida y probada que estimulará la recuperación y suscitará un crecimiento sostenible a largo plazo.
Lamentablemente, cada vez es más frecuente que los sistemas de educación superior carezcan de una inversión pública adecuada. Muchos gobiernos están reduciendo el gasto en la enseñanza superior y la investigación, provocando con ello el despido de personal académico y de apoyo, límites a la matrícula, recortes a la de financiación de la investigación y reducción de la oferta de cursos.
Seamos absolutamente claros: estas medidas miopes amenazan con socavar la misión pública de la educación superior y la investigación y obstaculizar el desarrollo económico, social y cultural de nuestros países.
La crisis económica está afectando a la mayoría de los países en desarrollo, por lo que observamos con satisfacción la atención especial prestada por la Conferencia a las necesidades de África. El fortalecimiento de la educación superior en África es esencial para el desarrollo a largo plazo del continente y requerirá, entre otros aspectos, un compromiso de ayuda al desarrollo significativamente mayor de parte del mundo desarrollado. La UNESCO desempeña un papel fundamental en lo que se refiere a facilitar los medios de fortalecer la educación superior en el continente. En nuestra calidad de Internacional de la Educación, estamos decididos a desempeñar el nuestro mediante el fortalecimiento de los vínculos entre los sindicatos del personal docente tanto en África como en el ámbito internacional y ayudar en el establecimiento de las condiciones de empleo y los derechos profesionales que permitan el florecimiento de una educación e investigación de alta calidad.
Delegados y delegadas, la educación superior y la investigación son un servicio público que contribuye a la vida social, cultural y económica de las comunidades, las regiones y los países. En consecuencia, las instituciones de educación superior deben actuar de conformidad con los principios claramente definidos del servicio público: igualdad de acceso, asequibilidad, altos niveles de calidad y responsabilidad pública.
Instamos a los Estados miembros a aprovechar la ocasión de los próximos días para afirmar que la educación superior y la investigación son un bien público y un servicio público. Es su responsabilidad como Estados garantizar que las instituciones reciban una financiación pública adecuada y trabajar en colaboración con la comunidad académica para velar por que las instituciones cumplan los criterios fundamentales en materia de calidad, acceso y condiciones del personal docente y de los estudiantes.
Permítanme concluir diciendo que el sector de la enseñanza superior necesita y aprecia la labor de la UNESCO. Nosotros, en nuestra calidad de docentes y educadores, estamos dispuestos a trabajar con la UNESCO y otros asociados para garantizar que la educación superior y la investigación estén preparadas para afrontar los retos que tenemos ante nosotros. Sin embargo, sólo podemos hacerlo si se respetan nuestros derechos académicos y al empleo fundamentales. Sólo entonces podremos garantizar que la educación superior y la investigación puedan cumplir con su misión de cimentar un crecimiento económico sostenible, la cohesión social y una cultura de paz.
Muchas gracias.