En los últimos seis meses, la gente en todo el mundo ha visto, con más preocupación según se hacía evidente, que nos enfrentamos a la peor crisis que ha existido en la economía real desde la Gran Depresión de la década de 1930. Desafortunadamente, la población trabajadora, que no tuvo nada que ver en la creación de la crisis, es la más afectada en términos de desempleo masivo, recortes en los servicios públicos, reducción de la estabilidad social y esperanzas que se evaporan.
Sin embargo, el movimiento sindical internacional ha diseñado un programa atrevido y un plan claro con respecto hacia dónde debemos dirigirnos y qué cambios son necesarios para combatir esta crisis mundial.
Sin duda las noticias son desalentadoras. La Organización Internacional del Trabajo revisó hace poco al alza sus previsiones con respecto al número de puestos de trabajo que se eliminarán en 2009. La tasa de desempleo mundial este año podría superar la de 2007 y aumentar en 18-30 millones de trabajadores, y en más de 50 millones si la situación sigue empeorando. Si las cosas no mejoran, cerca de 200 millones de trabajadores, en su mayoría habitantes de las economías en desarrollo, podrían verse empujados a vivir en condiciones de pobreza extrema.
Al mismo tiempo, los propios ejecutivos de las entidades bancarias y financieras de Wall Street que presionaron para lograr una inyección de miles de millones con el fin de rescatar el sistema financiero continúan recibiendo miles de millones en bonificaciones, un hecho que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, considera “vergonzoso”.
“Realmente es vergonzoso”, declaró Fred van Leeuwen, secretario general de la IE. Van Leeuwen señaló que los 18.000 millones de dólares estadounidenses que fueron a parar a los bolsillos de aquellos que provocaron la crisis podían haber financiado dos años de escolarización a los 75 millones de niños privados de la educación en todo el mundo.
Sin embargo, como ocurre siempre en tiempos de crisis, hay oportunidades para el cambio. La Internacional de la Educación y otras federaciones sindicales mundiales están aprovechando el momento para alzar la voz sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma fundamental del sistema económico. Esta reforma estaría basada en la justicia social, los derechos humanos, un trabajo decente y la cooperación internacional, no en la competencia y la codicia.
“Es el final del fundamentalismo de mercado”, escribe Barbara Wettstein, de UNI Finance, en el periódico International Union Rights. “No obstante, la reforma debe ser integral y además mundial… El nuevo modelo económico debe poner a los trabajadores y al desarrollo sostenible por delante de los intereses de los organismos financieros y de los especuladores”.
Ahora que los responsables de la política económica están obligados a reconocer la necesidad de nuevas estructuras reguladoras y una nueva arquitectura financiera, los sindicatos exigen ser parte de la solución e insisten en que tienen una plaza legítima en el debate y mucho que decir en el diálogo mundial.
Para ello, la IE está desarrollando un Plan de Acción para la Educación y la Economía, un plan para proteger la educación de la crisis económica y movilizar la ayuda política para invertir en educación como elemento fundamental en la recuperación económica. La IE y sus afiliadas están presionando a sus gobiernos para asegurarse de que la enseñanza sea un componente esencial en cualquier paquete de estímulos que apliquen. En concreto, las afiliadas de los países del G20 están transmitiendo ese mensaje a sus gobiernos antes de que el grupo se reúna en Londres el próximo mes de abril.
Van Leeuwen destacó que el plan de acción debe respetar los principios básicos de la IE: que la educación es un servicio público, no una mercancía, que la educación es algo más que economía, que la educación es fundamental en nuestras sociedades de muchas maneras, con relevancia social y económica, y que, sobre todo, para lograr una educación de calidad hace falta tener personal docente cualificado.
El Secretario General recordó que, en los casi 16 años de existencia de la IE, la lucha de los sindicatos de educación por llevar estos principios a la práctica ha sido dura.
“Ahora va a ser más dura aún, mucho más”, advirtió Van Leeuwen. “Los problemas que afrontarán los sistemas educativos de todo el mundo cuando el desplome financiero golpee a la economía mundial no tendrán parangón con nada de lo que hayamos podido experimentar con anterioridad en nuestras vidas. La crisis comenzó en los países desarrollados, pero a estas alturas ya afecta a todo el mundo. Los países del sur, que acaban de salir de situaciones tales como el ajuste estructural, se verán duramente golpeados por la recesión. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 corren grave peligro. La crisis financiera y económica pone en peligro todo aquello por lo que hemos estado trabajando”.
En algunos países europeos ya se percibe el impacto sobre la enseñanza pública en cuanto a reducción del gasto público y una mayor privatización. Italia e Irlanda, por ejemplo, han recortado de forma drástica la financiación de la educación. Esta medida ha generado grandes protestas por parte de sindicatos, docentes, estudiantes, madres y padres.
La IE insiste en que, en lugar de recortar el gasto en educación, los gobiernos deberían invertir en este sector para fomentar el crecimiento, promover la estabilidad social y construir una economía del conocimiento. El estímulo fiscal a través del gasto en los servicios públicos y la protección social para las poblaciones más vulnerables constituye el mejor camino para la recuperación.
En una reunión celebrada recientemente con representantes de las instituciones financieras internacionales, el secretario general de la IE pidió al presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, que defendiera los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y sobre todo la Educación para Todos, de los estragos de la crisis actual.
“No se me ocurre nada más importante”, dijo Zoellick, que explicó cómo intentaba convencer a los gobiernos de que destinaran fondos a los servicios básicos en los países en desarrollo, incluida la educación y la sanidad, dentro de sus paquetes de estímulos fiscales.
“Tenemos pruebas contundentes de que este tipo de inversiones contribuirán a recuperar la economía global y también las más avanzadas”, señaló Zoellick.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional informó hace poco a los países del G20 de que había calculado los multiplicadores correspondientes a tres opciones políticas: recortes fiscales, inversiones en infraestructura y “otros” gastos públicos. La educación pública se incluiría en esta última opción.
El documento del FMI señala que el gasto público correspondiente a la categoría de “otros” tiene un multiplicador considerablemente más grande que el de los recortes fiscales (1,0 contra 0,6), aunque la inversión en infraestructuras tiene un multiplicador aún mayor (1,8 contra 0,6). Está claro que los recortes fiscales constituyen la alternativa menos eficaz.
Mientras las economías industrializadas luchan por hallar soluciones, la población de los países en desarrollo teme sufrir consecuencias negativas en sus economías y un recorte en las ayudas al desarrollo. La mayoría de los gobiernos del G8 incumplió sus promesas en épocas de bonanza, por lo que se teme que ahora que afrontan esta crisis, cumplan aún menos su palabra.
Sin embargo, el Centro para el Desarrollo de la OCDE revela en un estudio que la financiación de la ayuda al desarrollo se mantiene sólida a pesar de la crisis, y que ahora no es el momento de dejar en la estacada a los que ya de por sí tienen poco. En el número 87 de Policy Insights, titulado "Fallout from the Financial Crisis (5)", Robert Zimmerman señala lo siguiente:
“Las pruebas demuestran que los fondos públicos destinados a la ayuda al desarrollo son elevados, y que han sido elevados durante los últimos veinte años. Es posible que los políticos que deseen recortar sus presupuestos de manera “fácil” se lo quieran pensar dos veces. En primer lugar, el elevado grado de apoyo a la ayuda al desarrollo queda plasmado en una sociedad civil global adecuadamente organizada que resistirá el incumplimiento de las promesas por parte de los donantes de destinar más y mejor ayuda. En años de escasez, realmente, las actitudes parecen más caritativas y la redistribución goza de mayor popularidad. En segundo lugar, en tiempos de una crisis financiera mundial, la población pobre de los países en desarrollo necesita más que nunca la ayuda al desarrollo. Los contribuyentes parecen darse cuenta de esto. Sus políticos deben darse cuenta también”.