Los diputados holandeses del partido socialista han solicitado a su Ministerio de Comercio Exterior y Desarrollo que se pronuncie con respecto al apoyo brindado a Bridge International Academies, una de las mayores y más cuestionadas empresas educativas en el mundo.
Dos miembros del parlamento holandés, Harry Van Bommel y Jasper van Dijk (ambos representantes del Partido Socialista), han comunicado al secretario general de la Internacional de la Educación (EI), Fred van Leeuwen, que han enviado varias preguntas por escrito a la ministra de Comercio Exterior y Desarrollo de Holanda con respecto al apoyo indirecto que el gobierno de su país brinda a Bridge International Academies.
Las preguntas que se enviaron a Lilianne Ploumen, quien ocupa el cargo desde 2012, versan en torno a las inversiones realizadas a Bridge International Academies a través del presupuesto holandés para el desarrollo y de programas específicos como el Dutch Good Growth Fund (DGGF) y el Massif Fund.
Asimismo, Van Bommel y van Dijk interrogan a Ploumen sobre qué postura mantiene con respecto a las Academias Bridge después de que el gobierno ugandés ordenara y llevara a cabo el cierre de sus dependencias debido a que no cumplían los estándares de calidad, contaban con docentes no cualificados y presentaban unas condiciones higiénicas deficientes.
Por otra parte, la carta de los diputados toma distancia y analiza en términos más amplios la postura política adoptada por el gobierno holandés en lo referente a la promoción de la educación de calidad planteando la siguiente pregunta: “¿Cree usted que está justificado financiar, directa o indirectamente, la educación con fines lucrativos con fondos públicos?”.
Por último, aborda la relación establecida entre la promoción de una educación pública de calidad (en contraste con la promoción de una educación privada con fines lucrativos) y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – particularmente del Objetivo número 4, cuyo propósito es garantizar una educación de calidad para todos para el año 2030. Además, los diputados instan al gobierno a que explique por qué considera o no que la educación privada con fines lucrativos puede impedir que el Objetivo nº 4 se convierta en una realidad.