El atentado, que mató a un padre y a su hija delante de una escuela de primaria, es el último de toda una serie de actos violentos relacionados con un conflicto que se viene prolongando más de una década en el sur del país.
La bomba estalló el 6 de septiembre en la provincia de Narathiwat, al sur de Tailandia, en el momento en que los padres estaban dejando a sus hijos en el colegio. La explosión mató a un hombre y a su hija de cinco años, y dejó a otras ocho personas heridas. La motocicleta estaba aparcada delante de la entrada del colegio.
El más sincero pésame de la IE
“Lamentamos profundamente este espantoso acto y queremos transmitir nuestro más sincero pésame a la familia de las víctimas y a su comunidad escolar”, ha expresado Fred van Leeuwen, Secretario General de la Internacional de la Educación (IE).
A lo largo de los años, la IE ha condenado sistemáticamente los asesinatos de niños y profesores en entornos educativos.
La IE aprobó en 2009 una Declaración, “Las escuelas deben ser zonas de paz”, y ha instado sistemáticamente a la comunidad internacional a tomar medidas con vistas a evitar las violaciones del derecho a la educación, a garantizar la seguridad de los estudiantes, los docentes, el personal educativo y los académicos del mundo entero, y a consolidar el derecho internacional y acabar con la impunidad.
La educación es un derecho fundamental
“La educación tiene que reconocerse como un derecho fundamental independientemente de las circunstancias, y es por tanto preciso hacer todo lo posible para proteger las escuelas y el derecho de los niños y las niñas a la educación”, subrayó van Leeuwen. No obstante, “si bien los hechos son diferentes y las regiones diversas, la conclusión sigue siendo la misma: cada vez más, en países en situaciones de conflicto y en Estados frágiles, los docentes y los estudiantes ponen en peligro su vida por el simple hecho de ir a clase – porque hay rebeldes, fuerzas armadas y regímenes represivos que consideran las escuelas, las universidades y a los estudiantes y docentes como objetivos legítimos”.
Según Deep South Watch, que está haciendo un seguimiento de este conflicto desde su comienzo, hace 12 años, más de 6.500 personas han perdido la vida en Tailandia como consecuencia de actos de violencia relacionados con la insurgencia, concretamente en las provincias de Yala, Narathiwat y Pattani, mayoritariamente musulmanas.