Los Secretarios Generales de la Internacional de la Educación y la Internacional de Servicios Públicos han expresado su profunda preocupación a la Organización Internacional del Trabajo por las continuas violaciones a gran escala de las normas laborales fundamentales en Turquía.
Dado que tras el intento de golpe de estado en Turquía miles de empleados públicos, docentes y académicos siguen siendo despedidos desde hace varias semanas mediante una caza de brujas, Fred van Leeuwen, de la Internacional de la Educación (IE), y Rosa Pavanelli, de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), viajaron a Ginebra para reunirse con el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, el 1 de agosto.
Dijeron a Ryder que no aceptaban el argumento expuesto por Turquía de que las personas que eran despedidas estaban involucradas en actividades ilegales con el propósito de derrocar al gobierno turco. Algunas afiliadas de la IE y la ISP en Turquía consideran que el intento de golpe de estado militar del 15 de julio es un pretexto para tomar medidas enérgicas contra los grupos y las personas críticos con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdo?an. El Director General de la OIT dijo que su agencia está reuniendo información sobre la situación en Turquía.
Agenda 2030
Teniendo en cuenta el enfoque de los Objetivos del Desarrollo Sostenible aprobados hace un año, los Secretarios Generales de la ISP y la IE discutieron las estrategias y los planes para lograr alcanzar los amplios objetivos y metas. Llamaron la atención sobre los intentos realizados por las empresas privadas para crear nuevos “mercados de los ODS” que podrían debilitar al sector público.
Van Leeuwen y Pavanelli pidieron al Director General de la OIT una participación activa de los sindicatos y la propia OIT en los debates internacionales destinados a configurar la aplicación de los ODS. Tanto la IE como la ISP reconocen que el sector privado va a desempeñar un papel en el cumplimiento de la Agenda 2030, aunque deben establecerse las condiciones para su participación. Pavanelli y van Leeuwen dijeron que los servicios públicos tales como la salud, la educación, el agua y otros servicios esenciales deben ser protegidos contra la comercialización.