Los docentes filipinos están luchando contra el plan “K-12” del Gobierno, que consideran aumentaría la privatización y mercantilización de la educación y que sería perjudicial para el acceso a una educación de calidad para todos.
Es preciso detener la propuesta “K-12” – por la cual se prolonga la educación escolar dos años, que habrán de cursarse en instituciones educativas de gestión privada – porque constituye una “violación directa del derecho de las personas a una educación secundaria gratuita” y porque es “anticonstitucional”, ha dicho Benjamín Valbuena, Presidente de la Alliance of Concerned Teachers’ (ACT), en una rueda de prensa donde ha explicado la postura del sindicato contra el plan del Gobierno y ha abogado por que se tomen medidas en el futuro.
Cambio a la educación privada
Según los propios datos del Ministerio de Educación, el próximo mes de junio aproximadamente 500.000 estudiantes del primer ciclo de enseñanza secundaria pública se verán forzados a cambiar a escuelas de segundo ciclo de enseñanza secundaria privadas con fines lucrativos. Los padres ya se están quejando de que los cheques escolares no permitirán cubrir todos los gastos de matrícula, afirma Valbuena. Según la ACT, el fracaso de las escuelas de gestión privada financiadas con fondos públicos está documentado en países como EE.UU. y Suecia.
“El ‘K-12’ servirá para enriquecer a los propietarios de escuelas privadas de segundo ciclo de enseñanza secundaria como es la Ayalas, de la cual es copropietario APEC Schools, una enorme cadena de escuelas de segundo ciclo de enseñanza secundaria creada a través de un consorcio con la corporación educativa transnacional Pearson”, añade.
Valbuena también ha lamentado que la Corte Suprema haya desestimado la petición presentada por diversas partes interesadas y organizaciones educativas, en la cual se solicita al Gobierno que ordene que se detenga la implementación de la propuesta “K-12”.
La ACT insta a la Corte Suprema nacional a pedir a los demandantes que presenten sus argumentos en contra del plan del Gobierno.
Recursos limitados
Valbuena ha advertido además de que la propuesta “K-12” perjudicará aún más la calidad de la educación del país, puesto que reducirá los ya limitados recursos que se asignan a la educación.
El presupuesto del Gobierno para educación no ha llegado jamás al 4% del producto interior bruto, “lo que está muy por debajo del estándar mundial del 6%”, explica Valbuena. Añadir dos años más de educación no hará sino multiplicar las brechas sin resolver de docentes, personal educativo, instalaciones y materiales didácticos en muchas escuelas públicas, observó.
Opción alternativa
El líder de la ACT insistió en que existe una alternativa a la propuesta del “K-12”: “Mejorar el actual sistema de educación pública “K-10” de forma que se resuelvan las brechas de personal, instalaciones y materiales de enseñanza y aprendizaje, ajustando al mismo tiempo el conjunto del sistema educativo a las necesidades de Filipinas, no de países extranjeros”.