El sindicato de la educación insiste en que el editor y proveedor mundial de educación Pearson es selectivo en la información que presenta a sus accionistas en respuesta a la resolución en su reciente asamblea general.
“Al recopilar cuidadosamente hechos seleccionados y omitir datos pertinentes, creemos que Pearson no ofrece a sus accionistas una evaluación completa y sin restricciones de lo que ha fallado”, dice la Federación Americana de Docentes (AFT/EE.UU.) en el documento “Pearson: toda la verdad”, publicado el 9 de marzo.
La resolución de la AFT
El documento, que está disponible en http://www.pearsonres.org y respaldado entre otros por el Sindicato Nacional de Docentes (NUT/Reino Unido) explica que la reciente respuesta de Pearson a la resolución de los accionistas de Pearson de la AFT muestra que la compañía no llega a comprender los enormes vacíos de su estrategia comercial que inspiraron desde un principio la resolución.
La resolución pide al conglomerado de la educación que revise sus futuros planes de actividades y ponga fin a su excesiva dependencia de las pruebas de evaluación de la educación en Estados Unidos, el mercado que produce el 60% de sus beneficios y que puede verse afectado por la firma reciente de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés).
Las preocupaciones de los sindicatos
A pesar de que Pearson afirma que “ha realizado una revisión rigurosa” de sus actividades, que ha culminado en un plan comercial que fue publicado en su sitio web en enero de 2016, los sindicatos subrayan que “el plan de Pearson carece de una verdadera estrategia, un hecho alarmante habida cuenta de la rigurosa re-evaluación que debería realizarse a raíz de sus considerables desafíos financieros”. Agregan que su “gestión sigue responsabilizando a los factores cíclicos de la mayor parte de los retos de la empresa y minimiza el riesgo significativo de los cambios estructurales en el comercio de la educación”.
La Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act - ESSA)
En respuesta a la sugerencia de Pearson de que la aplicación de la ESSA no tendrá un impacto material en su plan de actividades, el documento de los sindicatos afirma que “cualquier sugerencia de que la aprobación de la ESSA no constituye un esfuerzo por reducir la realización de pruebas y la utilización de materiales para su preparación en Estados Unidos es falsa”.
Aunque la nueva ley aprobada en diciembre de 2015 sigue requiriendo evaluaciones anuales, también permite a los estados adoptar unas evaluaciones mucho más sencillas y menos costosas. Asimismo, prohíbe al gobierno federal que requiera que se utilicen los resultados de las pruebas para la evaluación de los docentes. Estos dos hechos por sí solos reducirán significativamente la demanda de productos de Pearson, tanto de pruebas como de materiales para su preparación.
La ESSA también afirma que el sistema de rendición de cuentas debe desarrollarse con la contribución de una amplia representación de los actores del ámbito de la educación, entre ellos los docentes y otros empleados de los centros educativos.
Una función alternativa
Pearson podría ser una empresa que proporciona productos y servicios educativos esenciales para el éxito de los estudiantes de todo el mundo y debería aceptar su función en el sistema de educación pública, dijo la presidenta de AFT y miembro del Consejo Ejecutivo de la IE, Randi Weingarten. “En cambio, ha decidido emprender un camino políticamente arriesgado de pruebas relevantes y escuelas privadas a bajo coste”, dijo.
La resolución de los accionistas de Pearson de la AFT trata de crear una empresa mejor, más rentable, más sostenible económicamente en la que sus trabajadores promuevan la educación pública con un espíritu de colaboración.
La educación, un derecho humano
La IE reitera que la educación, desde la educación de la primera infancia hasta la enseñanza superior, es un derecho humano fundamental y un bien público. Su prestación es responsabilidad primordial de los gobiernos, y también es el deber del estado definir las metas y los objetivos de los sistemas de educación de calidad y financiarla adecuadamente en consulta y negociación con los representantes de los sindicatos de los docentes.
La resolución sobre la privatización y la comercialización en y de la educación aprobada por el 7° Congreso Mundial de la IE de 2015 señala que “la privatización en y de la educación, en sus múltiples formas y arreglos, es una tendencia mundial en rápido aumento con consecuencias diversas, a menudo negativas, para los docentes, el personal de apoyo educativo, los estudiantes y la sociedad en su conjunto”.