El Parlamento Europeo ha solicitado en sus recomendaciones a la Comisión Europea que los servicios públicos, incluida la educación, se excluyan del Acuerdo sobre Comercio de Servicios.
La Internacional de la Educación (IE) acoge con satisfacción las recomendaciones acerca del Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TiSA, por sus siglas en inglés) aprobadas por el Parlamento Europeo (PE) durante la 16ª ronda de negociaciones secretas. El organismo electo aprobó una resolución en la que se incluyen sus recomendaciones a la Comisión Europea acerca de las negociaciones relativas al TiSA del 3 de febrero. La resolución subraya la necesidad de excluir los “servicios de interés general y los servicios de interés económico general, actuales y futuros, del ámbito de aplicación del acuerdo (en particular, pero no exclusivamente, el agua, la sanidad, los servicios sociales, los sistemas de seguridad social y la educación, la gestión de los residuos y el transporte público)”.
Importancia de unos servicios de calidad
El PE ha reiterado que la Unión Europea, así como las autoridades nacionales y locales, deben mantener el pleno derecho a introducir, adoptar, mantener o rechazar medidas relativas a la puesta en marcha, la organización, la financiación y la prestación de servicios públicos. El PE también ha declarado que esta exclusión deberá aplicarse independientemente de cómo se suministran y financian los servicios públicos. También ha solicitado a la Comisión Europea que reconozca la importancia significativa que los ciudadanos y ciudadanas europeas atribuyen a unos servicios públicos de calidad que contribuyen a la cohesión social y territorial.
El PE sigue presionando a favor de la introducción de una cláusula clara de referencia (tipo “regla de oro”), que podría incluirse en todos los acuerdos comerciales y que garantizaría que la cláusula relativa a los servicios públicos se aplicase a todas las formas de suministro y a todos los servicios considerados públicos por parte de las autoridades europeas, nacionales o regionales, en todos los sectores y con independencia de la situación de monopolio del servicio. Esto incluiría la educación, algo que anteriormente no había sucedido.
Llamamiento para rechazar cláusulas específicas
Según el PE, la Comisión Europea debería rechazar también determinadas cláusulas que impedirían revocar la liberalización de los servicios y conducirían a unos niveles de liberalización cada vez mayores. El PE solicita la flexibilidad suficiente para que los servicios de interés económico general vuelvan a estar bajo el control público; y mantener el derecho de la UE y de los Estados miembros a modificar su nivel de liberalización.
Inquietudes de la IE
La Internacional de la Educación está realizando un atento seguimiento para asegurarse de que la educación no sea objeto de una liberalización cada vez mayor por la puerta trasera en el TiSA, socavando los limitados progresos logrados para proteger la educación en la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés).
“ Una reciente investigación del PE demuestra que, en el caso del TiSA, la Comisión Europea ofrece un nivel de liberalización superior en el sector educativo en comparación con las negociaciones del TTIP”, ha explicado Fred van Leeuwen, Secretario General de la IE.
Signataria, junto con otras organizaciones, de la declaración pública “ Why TiSA negotiations should be halted”(Por qué las negociaciones del TiSA deberían interrumpirse), la IE insiste en que el borrador del TiSA presenta graves amenazas para los servicios públicos, la calidad de sus servicios, el acceso universal a los servicios públicos y los derechos de los trabajadores y trabajadores de los servicios públicos, y lamenta que el TiSA se esté negociando sin la debida transparencia pública ni la participación de los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil.
Además de hacer un seguimiento del proceso del PE, la IE también ha planteado a la Relatora Especial Viviane Reding sus inquietudes con respecto a los servicios públicos, y ha hecho hincapié en la necesidad de excluir la educación y otros servicios públicos. Las organizaciones europeas miembros de la IE han presionado asimismo a sus eurodiputados para que la educación y otros servicios públicos se excluyan del TiSA.