Dos recientes informes han concluido que las políticas de financiación al desarrollo educativo del Reino Unido, que favorecen a las escuelas privadas con fines de lucro poco onerosas, pueden ser una violación a las obligaciones del país con respecto al derecho a la educación gratuita y de calidad.
Un grupo de organizaciones británicas y mundiales, incluida la Internacional de la Educación (IE) y sus organizaciones miembros, han expresado su preocupación porque el Gobierno británico, y en concreto su departamento para el desarrollo internacional, Department for International Development(DFID), podría estar vulnerando el derecho a la educación al ayudar a la proliferación de escuelas privadas en el continente africano y el sur de Asia.
“No cabe duda alguna de que los dólares de los contribuyentes destinados al bienestar educativo de los estudiantes no deben ser desviados para que acaben llenando los bolsillos de corporaciones mundiales multimillonarias”, señaló a la IE Angelo Gavrielatos, Director de Proyectos de la Respuesta Mundial a la privatización de la educación.
El Proyecto Derecho a la Educación y las organizaciones, que incluyen activistas de Kenia, Uganda y Ghana, han presentado informes a los Comités de la ONU sobre los Derechos del Niño y el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para condenar la utilización cada vez más frecuente de los fondos de la ayuda británica para financiar escuelas de enseñanza primaria con fines de lucro, en particular, las denominadas escuelas privadas “poco onerosas”, que fomentan la desigualdad, crean segregación y atentan contra el derecho a la educación.
El informe The UK’s support of the growth of private education through its development aid: Questioning its responsibilities as regards its human rights extraterritorial obligations(La ayuda del Reino Unido a la proliferación de la educación privada a través de su ayuda al desarrollo: un cuestionamiento a sus responsabilidades en cuanto a sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos) se refiere a la ayuda financiera que su Departamento para el Desarrollo Internacional concede a las cadenas de escuelas con fines de lucro poco onerosas que emplean docentes no cualificados.
“La educación es un bien público así como un derecho humano y civil. Ninguna de las políticas de ayuda del Reino Unido debería socavar este principio. Es evidente que el fomento de la privatización que realiza el Departamento de Desarrollo Internacional a través de Asia y África pone en peligro el derecho a la educación pública gratuita y de calidad. Hasta ahora solamente disponíamos de pruebas incidentales, pero ahora los estudios de investigación lo comprueban, lo que demuestra la magnitud del problema. Debe ponerse alto a esta situación”, afirmó Christine Blower del sindicato nacional de docentes, National Union of Teachers.
Las academias Bridge International, que se encuentran entre los agentes privados financiados por el Gobierno británico en Kenia y otros lugares, protesta contra un posible requisito gubernamental que exigiría que “la mitad de los docentes que ejerzan en cualquier escuela debe ser portadora de un título reconocido de cualificación pedagógica y recibir la remuneración correspondiente”, es decir, la mitad, ni siquiera todos los docentes. Casos como este han dejado claro a las organizaciones, incluida la IE, que la decisión de los agentes privados de contratar “docentes” no cualificados es movida por su plan comercial de obtener la mayor rentabilidad posible.
Los informes han sido presentados por el Proyecto Derecho a la Educación a los Comités de la ONU sobre los Derechos del Niño y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con el apoyo de: ActionAid International, ActionAid Reino Unido, la Association of Teachers and Lecturers, el Center for Public Interest Law, Child Rights International Network, el East African Centre for Human Rights, el Eastern Africa Collaboration on Economic, Social and Cultural Rights, the Economic and Social Rights Centre-Hakijamii, la Internacional de la Educación, la Federation of Education NGO’s en Uganda, la Ghana National Education Campaign Coalition, la Campaña Mundial por la Educación, la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Global Justice Now, el Human Rights Advocacy Centre, la Human Rights Network for Journalists, la Initiative for Social and Economic Rights in Uganda, la International Commission of Jurists – Kenyan Section, el Kenya National Union of Teachers, la Kenya Youth Foundation, la Mathare Association, el National Union of Teachers, la Privatisation in Education Research Initiative, el Soweto Forum, el Uganda National Teachers’ Union, el University and College Union and Women Uganda.