Una delegación de la Internacional de la Educación está asistiendo a reuniones regionales para tratar sobre las normas laborales en Fiji.
Por otro lado, representantes de la Internacional de la Educación están manteniendo conversaciones con los representantes de la Asociación de Docentes de Fiji (FTA por sus siglas en inglés) y con el Sindicato de Docentes de Fiji (FTU por sus siglas en inglés), que lamentan la represión que sufren los derechos sindicales desde el golpe de estado de 2006.
A pesar de las campañas sindicales y de las sólidas recomendaciones por parte de la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno de Commodore Bainimarama se atiene a un programa que empobrece a los trabajadores y debilita a los sindicatos.
En el sector de la enseñanza y en la administración pública en general, se han aprobado decretos con el fin de debilitar el movimiento sindical.
El sistema de control fue abolido en 2010, las vías de consulta que existían anteriormente han sido suspendidas, los mecanismos de reclamación han dejado de existir para los docentes y para poder celebrar reuniones de más de cuatro miembros se requiere una compleja autorización previa.
A pesar de los compromisos públicos adquiridos relativos a la educación, las condiciones de los docentes han empeorado. Las autoridades educativas han decretado, sin ninguna consulta previa, que la edad de jubilación se adelante a los 55, que las profesiones se conviertan en contratos renovables de tres años y que las jubilaciones se reduzcan de un 15 a un 8 por ciento del fondo de pensiones de los funcionarios públicos.
La situación es tal que muchos profesores se plantean el exilio a otras islas del Pacífico para mantener la subsistencia.
Pese a que los sindicatos están paralizados, los docentes han mantenido su afiliación sindical y, en conjunto, las organizaciones afiliadas de la Internacional de la Educación representan más del 80 por ciento de la profesión docente.
La FTA y el FTU han solicitado a la Internacional de la Educación que dé a conocer la frustrante situación de los docentes y que siga ejerciendo presión a través de los foros competentes, en especial, la OIT, para exigir que el Gobierno de Fiji respete las normas internacionales del trabajo.