Los docentes de las principales universidades del Reino Unido han aprobado, ante el anuncio de reforma de sus pensiones, la convocatoria de acciones sindicales por mayoría del 77% de los miembros del University and College Union (UCU) que tomaron parte en la votación a favor de una “campaña sostenida de huelgas”.
El UCU, sindicato afiliado a la IE, se ha movilizado contra la introducción de un sistema de promedio global para el personal académico recién acogido al University Superannuation Scheme(USS, plan de pensiones de las universidades) y contra la reforma de los derechos de pensión de los trabajadores despedidos mayores de 55 años. Con la reforma, según el cálculo del UCU, el personal nuevo perderá hasta 120.000 libras esterlinas. Los empleadores de las universidades alegan la necesidad de alterar el plan de pensiones por el aumento de costes derivado del crecimiento de la esperanza de vida.
El sindicato, según ha confirmado, se encuentra discutiendo con sus secciones un plan nacional de acción a largo plazo y continuará “hasta que se produzca un avance significativo”. Entre las acciones contempladas se encuentran el trabajo a reglamento y la exclusiva ejecución de las tareas recogidas en el contrato. Otras posibilidades son la organización de exámenes sin introducción de las notas y, si es preciso, llegar al boicot total de la evaluación. Las acciones comenzarán probablemente a mediados de octubre.
El resultado de la votación llega en un momento en que Gran Bretaña se enfrenta a la amenaza de huelgas masivas de otros sectores de la función pública contra la reforma de pensiones. UNISON, Unite, GMB y el Fire Brigades Union han anunciado consultas a sus afiliados y afiliadas en relación con la convocatoria coordinada de una huelga para noviembre.
Sally Hunt, secretaria general de UCU, ha declarado: “Estos cambios se están introduciendo sin el acuerdo del profesorado; el resultado del voto muestra que nuestros afiliados y afiliadas están decididos a defender sus derechos de pensión. Por mucho que diga la campaña de desinformación financiada con dinero del erario público, el profesorado sabe que estos cambios son perjudiciales e innecesarios”.
“La huelga es siempre el último recurso para los educadores; se procurará, dentro de lo que cabe, y trabajando con los estudiantes, minimizar los problemas que puedan surgir. Ahora bien, la naturaleza misma del conflicto laboral impone la interrupción de la docencia; la cual será extensa y sostenida, salvo que USS esté dispuesta a volver a la mesa de negociaciones. Ruego una vez más a USS que renuncie a su estrategia de imposición sin concertación previa. La ausencia de negociaciones reales afectaría a nuestras universidades, y a quienes trabajan y estudian en ellas; y ¿en interés de quién?”, pregunta.