“Están libres. Egitim-Sen les da las gracias a todos por su gran apoyo. Es el éxito de la solidaridad internacional", escribió a la IE Mehmet Bozgeyik, Secretario General del sindicato de docentes turco.
Después de dos días de audiencias, el 19 y el 20 de noviembre, el Tribunal Penal Superior de Izmir ha resuelto poner en libertad a los 31 miembros de sindicatos del sector público acusados por pertenecer a una organización kurda ilegal. De los 31 sindicalistas (de los que 27 son docentes y miembros de Egitim-Sen), 9 ya habían sido puestos en libertad en julio. Los otros 22, incluidas 10 mujeres, se encontraban encarcelados desde el mes de mayo. Todos los acusados eran kurdos o estaban vinculados con la comunidad kurda.
Según los acusados y los observadores nacionales, el proceso tenía como objetivo Egitim-Sen y el sindicato público KESK, que estaban atrayendo miembros nuevos y tomando cada vez más fuerza en el contexto de la crisis económica.
"En su lucha contra el sindicalismo y la democracia, el objetivo del proceso era aislarnos de las otras organizaciones sindicales y democráticas y marginar nuestra confederación" declaró Sami EVREN, Presidente de KESK.
Además de los mensajes de protesta que la IE y sus afiliadas han enviado a través de Internet o por correo, la gran delegación sindical presente en el proceso, compuesta por la IE y otras Federaciones Sindicales Internacionales, así como representantes de otras afiliadas de la IE, señalaron a las autoridades turcas que la comunidad internacional ha denunciado las medidas tomadas contra los sindicatos.
La delegación sindical internacional (compuesta por representantes de afiliadas a la IE de Dinamarca, Alemania, Grecia, Francia y el Reino Unido) y un representante de la Unión Europea, señalaron que el proceso no satisfacía los requisitos legales nacionales ni internacionales.
En primer lugar, los acusados fueron detenidos el 28 de mayo, después de varios meses de escuchas telefónicas y vigilancia de sus correos electrónicos. Registraron sus casas y sus trabajos, y confiscaron sus ordenadores. Las detenciones tuvieron lugar de forma brutal, provocando problemas psicológicos en algunos miembros de sus familias, especialmente los hijos de los acusados.
Además, según los acusados, que niegan todos los cargos, los agentes de seguridad que realizaron las escuchas no cuentan con la formación necesaria y asociaron la jerga sindical con la de una "organización terrorista". Los acusados no conocían la mayor parte de las direcciones de correo electrónico controladas, y de todos modos la mayoría de ellos no utiliza el correo electrónico.
Por último, hasta la presentación de la acusación el 31 de julio, los abogados de la defensa no tuvieron acceso a los expedientes del caso. Los derechos de la defensa se violaron a lo largo de todo el proceso: el presidente del tribunal fue quien dirigió los interrogatorios, los abogados de la defensa no tenían permitido hablar con sus clientes y sólo había presente una mujer agente cuando había diez mujeres compareciendo. El tiempo dedicado al proceso (dos días para 31 acusados) también era limitado. A pesar de que estaban acusados de "apoyo intelectual a organizaciones ilegales", se les esposó durante el traslado desde y hacia el tribunal.
En el caso de ser declarados culpables, se enfrentaban a una pena de prisión de entre 5 y 10 años.
El movimiento sindical internacional ha acogido positivamente la decisión del tribunal de poner en libertad a los 31 acusados, pero sigue igual de preocupado por este caso, ya que todos los acusados deberán volver a comparecer ante el tribunal en marzo.
"Este proceso demuestra claramente que todavía sigue siendo muy arriesgado participar en actividades sindicales en Turquía. Los compañeros que pasaron 5 meses y 20 días detenidos, lejos de sus familias, han pagado un precio muy alto a cambio de su compromiso con la democracia y los derechos sindicales. La IE seguirá apoyándoles", dijo Fred van Leeuwen, Secretario General de la IE.