La National Teachers’ Association (NTA) y el Taiwan Higher Education Union (THE Union) han acusado a los centros de educación privados de apropiarse de activos financiados públicamente en un momento en el que la inseguridad laboral entre el personal docente aumenta en el sector.
Ambos sindicatos han sacado a la luz cómo la legislación del Gobierno permite a los consejos escolares de los centros educativos privados que se encuentran en un proceso de transformación o cierre gestionar activos públicos como si fueran sus propios fondos. Esta acción va en detrimento de los derechos de los equipos docentes, el alumnado y la sociedad.
Ante el cierre o la transformación de numerosos establecimientos privados, los sindicatos exigen seguridad y protección laboral para el gran número de docentes afectados y defienden la educación y los procesos públicos. La NTA y THE Union piden que el Gobierno designe directores y directoras en los consejos escolares que sean independientes y representen el interés público y que se lleve a cabo una reforma legislativa que prevenga la malversación cuando los centros de educación privados se transforman o cierran.
Ventajas para los establecimientos educativos privados
Durante la última década, los establecimientos educativos y universidades privados han recibido más de 12 300 millones de dólares taiwaneses (410 millones de dólares estadounidenses) en concepto de subsidios del ministerio de Educación. Sin embargo, según la información obtenida en una encuesta realizada por THE Union, unas 40 universidades y facultades podrían cerrar en los próximos tres a cinco años. La organización ha destacado que el Gobierno tiene la responsabilidad de supervisar y hacer un seguimiento de las operaciones de los centros privados, en particular en lo que respecta al número de docentes y estudiantes que se verían afectados por esta situación.
La malversación forma parte del sistema
Según señalan la NTA y THE Union, la malversación parece ser una práctica común en las instituciones privadas. Después de que el Gobierno les conceda fondos públicos para “ayudarlas a proporcionar una educación de calidad”, las instituciones privadas suelen continuar con su actividad a pesar de no satisfacer los estándares establecidos. Según los sindicatos, en estos casos, el Gobierno encuentra soluciones jurídicas para salvarlas basándose en “el supuesto erróneo de que ‘salvar la escuela es proteger al profesorado y al alumnado’”. Cuando el Gobierno concede tiempo a estas instituciones para acometer una reforma, estas suelen malversar los activos de la escuela antes de cerrar.
Los sindicatos acusan a los consejos escolares de los centros privados de despedir a docentes y dejar al alumnado sin educación, mientras que se aprovechan de las ayudas del Gobierno a través de fondos públicos. “En algunos casos, incluso cierran el establecimiento deliberadamente para acelerar el proceso de liquidación de activos”, dijeron la NTA y THE Union en un comunicado de prensa conjunto.