Durante el 8.º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación (IE), los sindicatos de educadores afiliados de Australia y de la Unión Europea hicieron pública una declaración en la que exigen que el Gobierno australiano y la Comisión Europea sean más transparentes en las negociaciones que están manteniendo actualmente sobre un posible acuerdo de libre comercio y excluyan la educación explícitamente de las negociaciones.
Las negociaciones comerciales entre Australia y la Unión Europea (UE) comenzaron el 18 de junio de 2018. Hasta la fecha, se han celebrado cuatro rondas de negociación. La Internacional de la Educación y sus organizaciones miembros de Australia y Europa han seguido con intranquilidad estas negociaciones desde que las conversaciones se pusieran sobre la mesa. La información sobre las fechas y los contenidos de las negociaciones es sumamente escasa. No se ha establecido una estructura (como un foro de partes interesadas) en la que sindicatos y organizaciones de la sociedad civil puedan intercambiar sus opiniones con los negociadores comerciales en lo relativo a estas rondas de negociación.
La Internacional de la Educación y sus organizaciones miembros de Australia y Europa exigen que el Gobierno australiano y la Comisión Europea, respectivamente, les consulte de manera continua y proactiva aspectos relativos a la educación, incluyendo el acuerdo comercial entre la UE y Australia. Aunque la DG Trade negocia en nombre de la Unión Europea, es importante que también otras direcciones generales relevantes participen y sean consultadas; en este caso concreto, la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura, y la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión.
Asimismo, la Internacional de la Educación y sus organizaciones miembros de Australia y Europa piden que se excluya explícitamente la educación del acuerdo.Los sindicatos de educadores plantean su preocupación con respecto a varios aspectos de las negociaciones:
- La privatización y la comercialización de la educación, que exacerba la precariedad laboral en la profesión docente, provoca desigualdades en cuanto al acceso, la superación de los estudios y la calidad de la educación, además de poner en riesgo la libertad académica, especialmente en la educación superior.
- El comercio digital/electrónico y los reglamentos nacionales, incluyendo los posibles papeles que el comercio digital/electrónico podría desempeñar en la oferta de servicios educativos, así como las distintas modalidades de educación en línea. Estos servicios ofrecen nuevas oportunidades, pero también generan preocupaciones relativas a la información personal de los alumnos y la recopilación de sus datos, a la limitación del acceso a materiales e investigaciones y a la homogeneización de los materiales educativos, en detrimento de los contenidos locales. Estas normas podrían provocar problemas relativos al empleo, ya que el comercio digital/electrónico podría tentar a algunos gobiernos a deshacerse de la prestación local de educación y pasarse a alternativas en línea más baratas.
- Las disposiciones sobre la propiedad intelectual, que podrían tener un impacto crucial en los sistemas educativos. Unos derechos de autor más estrictos, con sus posibles efectos perniciosos sobre la educación, que provocarán que docentes y estudiantes se enfrenten a normas más restrictivas en el uso de materiales, costes más altos y menos flexibilidad en el aula.