La Internacional de la Educación y otras instituciones internacionales están preocupadas por el efecto que tendrá la firma del Acuerdo de Libre Comercio (CETA) en los servicios públicos, incluida la educación, y por las limitaciones al espacio de las políticas públicas.
IE: Alto riesgo de aumento en la presión para la privatización y mercantilización educativas
Después del tratado y las negociaciones de Bélgica(en francés) sobre el Acuerdo de Libre Comercio (CETA) entre la Unión Europea (UE) y Canadá posterior al rechazo por parte del Parlamento de Valonia a autorizar al gobierno federal a firmar el CETA por sus fallos y falta de limitaciones y garantías, no se aplicará el capítulo sobre «protección de la inversión» antes de que los parlamentos ratifiquen el acuerdo. Sin embargo, un alto porcentaje de este entrará en vigor de manera provisional tras su ratificación por parte del Parlamento Europeo.
«El CETA incluye compromisos significativos con servicios educativos financiados con fondos privados», explicó Fred van Leeuwen, Secretario General de la Internacional de la Educación (IE).
Por ello, afirmó también que Canadá y los estados miembros de la Unión Europea están abriendo las puertas a proveedores de educación con ánimo de lucro extranjeros y concediendo nuevos derechos a inversores privados que van más allá de cualquier compromiso mercantil existente hasta la fecha.
Al mismo tiempo, no hay ni una sola referencia a excepciones para los servicios públicos en el ámbito del acuerdo, solo a la autoridad gubernamental que no resulta adecuada para proteger servicios públicos como la educación, añadió van Leeuwen. «Por consiguiente, el CETA amenaza con mantener e intensificar la presión por conseguir la privatización y la comercialización de la educación».
El Comité Sindical Europeo de la Educación (ETUCE), la sección europea de la IE, invita a sus afiliados a transmitir a los miembros del Parlamento Europeo estas preocupaciones, en especial, el impacto del tratado sobre los estándares de calidad. El ETUCE, junto con sus organizaciones miembro, sigue supervisando de cerca los debates dada la proximidad de la votación del CETA en el Parlamento Europeo.
Experto en derechos humanos de la ONU: un tratado erróneo en esencia
El 28 de octubre, Alfred de Zayas, experto independiente de Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo señaló que el CETA es un «tratado movido por el corporativismo y erróneo en esencia, que no debería firmarse ni ratificarse sin consultar en referéndum a cada país implicado».
En sus informes para el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General, avisó con anterioridad que el CETA es incompatible con la ley, la democracia y los derechos humanos, y argumentó cómo y por qué ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Tanto el CETA como el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), actualmente en negociación por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, concede excesivo poder a las corporaciones a expensas de los gobiernos nacionales y los derechos humanos, afirmó, de modo que la mera existencia de un litigio entre inversor y estado genera un enfriamiento normativo.
«El peligro de que el CETA y el TTIP se firmen y entren en vigor algún día es tal que todos los implicados, especialmente los parlamentarios de estos miembros de la UE, deberían contar ahora con la oportunidad de articular sus ventajas y desventajas. Los planes ocultos movidos por fines corporativistas ponen en serio peligro la legislación laboral, sanitaria y social de otro tipo, y no hay justificación alguna para darle carpetazo tan rápidamente», afirmó Zayas.
La sociedad civil debería exigir referéndums con respecto a la aprobación del CETA o de cualquier otro megatratado que se haya negociado a puerta cerrada, añadió.
A continuación, señaló que los países no deberían firmar un acuerdo a menos que su poder para regular y legislar por el interés público esté plenamente garantizado y el capítulo de la llamada «protección de la inversión» se elimine por «crear privilegios para los inversores en detrimento de lo público».
CLC y ETUC: Se necesita un mayor nivel de democracia para firmar tratados más justos y progresivos
Con respecto al CETA en concreto, el Canadian Labour Congress y la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC) han condenado también la ausencia de una consulta a los sindicatos.
Para recuperar la confianza de los ciudadanos y trabajadores europeos, en el caso de la que Comisión Europea y el Gobierno de Canadá quieran que este acuerdo se convierta en un estándar bueno y progresivo para otros acuerdos comerciales, «es el momento de reanudar un proceso de negociación que sea transparente y tenga el objetivo de introducir en el CETA disposiciones vinculantes que traten y resuelvan las preocupaciones que la ETUC y el CLC han manifestado, incluido el estatus privilegiado al que acceden los inversores con el Sistema de arbitraje de las inversiones, totalmente contrapuesto a las provisiones laborales habituales, que no cuentan con mecanismos de imposición», destacaron ambas organizaciones en una declaración conjunta sobre el CETA emitida el pasado 27 de octubre.
La ETUC y el CLC pidieron a la Comisión Europea, al Gobierno de Canadá y a los estados miembros de la Unión Europea que abrieran las negociaciones a una consulta democrática por parte de los sindicatos y la sociedad civil para garantizar que se introduzcan los cambios necesarios para tratar los problemas existentes, a modo de activador de una planificación justa y progresiva con respecto a acuerdos comerciales en el ámbito mundial.
Por otra parte, condenaron la presión que se ha ejercido sobre las instituciones valonas para bloquear la existencia de una negociación más democrática y transparente.
Para obtener más información, lee el artículo reciente ¿Suponen los acuerdos de libre comercio una amenaza para la educación superior?(en inglés).