La Internacional de la Educación, junto con sus afiliados y colaboradores de Kenia, ha pedido al gobierno que ponga freno a los negocios educativos con ánimo de lucro en dicho sector nacional.
El artículo 53 de la Constitución de Kenia deja claro que todos los niños tienen derecho a una educación básica obligatoria y gratuita.Sin embargo, una Directiva para la provisión alternativa de formación y educación básica de 2009 (APBET, por sus siglas en inglés), que reconoce a los centros educativos alternativos o "no oficiales", ha abierto involuntariamente la puerta a grandes corporaciones y negocios educativos, a los que se exigen menos requisitos legales y que proporcionan una educación no oficial en zonas del país donde los colegios públicos escasean.
Este vacío legal ha llamado la atención del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, su Comité de Derechos del Niño y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, por lo que todos han expresado su preocupación por el aumento de la privatización educativa y las tarifas que cobran estos centros privados en Kenia, por ejemplo, las Bridge International Academies.
«Para conseguir una educación pública de calidad para todos existe el requisito previo de contar con un docente preparado en cada aula», declaró en respuesta a esta situación Wilson Sossion, Secretario General del sindicato National Union of Teachers(KNUT).«Es increíble que las academias Bridge se opongan a que al menos la mitad de sus empleados sean docentes cualificados.También resulta alarmante que el Banco Mundial promueva y financie el modelo Bridge».
En la 71.ª sesión del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, celebrada el 21 de enero de 2016, se preguntó al gobierno keniano por el aumento en la privatización educativa, en concreto, por cómo afecta la entidad Bridge a la calidad de la educación en Kenia.Olga Khazova, miembro del Comité de la ONU y periodista responsable de Kenia, preguntó si el gobierno está haciendo algo para impedir que Bridge no cumpla normativas cuyo fin es proteger la calidad de la educación que reciben los niños.
«El Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre educación de las Naciones Unidas adoptado en septiembre de 2015 lo deja claro:los gobiernos deben asegurarse de que todos los niños y niñas completen una educación primaria y secundaria gratuita, igualitaria y de calidad», afirmó Angelo Gavrielatos, de la Internacional de la Educación (IE).«La comercialización de la educación representa la mayor amenaza para alcanzar esta meta».
Los sindicatos educativos y la sociedad civil piden de forma conjunta al gobierno que:
· acabe con los vacíos legales normativos y regulatorios y garantice el cumplimiento de los estándares nacionales mínimos con respecto a la provisión educativa.El registro de centros escolares debe condicionarse a un cumplimiento total de los estándares mínimos.
· cumpla con sus obligaciones con respecto al Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible de la ONU. Al adoptar estos Objetivos, los gobiernos se han comprometido a garantizar una educación pública de calidad inclusiva e igualitaria y a fomentar oportunidades educativas permanentes para todos.El objetivo 4.1 obliga a los gobiernos a garantizar que todos los niños y niñas completen una educación primaria y secundaria pública gratuita, igualitaria y de calidad con unos resultados relevantes y efectivos.
· cumpla con su obligación principal de financiar de forma correcta y apropiada una educación pública de calidad gratuita para todos los niños con independencia de su origen.Este punto es clave para la prosperidad futura de Kenia.