Ramiro Cuadros Roballo and Walter Escobar Marín, both members of SUTEV, a teacher union affiliated to FECODE, and two other trade-unionists were assassinated last month, as the violence against trade union activists continues to mount.
Ramiro Cuadros Roballo worked for 20 years as a teacher and was a prominent union leader. In recent years he assisted teachers in their claims for debt payments at the local administration of Tulúa, in the department of Valle del Cauca. Due to his work in the defence and promotion of trade union and human rights he received many death threats over a period of several years, peaking at the end of 2008. On 24th March at 6am he was shot dead outside his house by a group of gunmen as he set off for work.
Cuadros had filed several complaints with the regional Special Committee for Displaced and Threatened Teachers, and completed the procedure to apply for the status of threatened teacher. These mechanisms are guaranteed in a 2003 Government Decree with the aim of protecting vulnerable teachers. Walter Escobar Marín worked at an education institution in the district of Cali, Valle del Cauca. The circumstances of his death remain unknown, since his body was found in the district of Palmira on 21st March, after a reported absence at work of 8 days.
EI and the ITUC have sent letters to the President of Colombia, Álvaro Uribe, calling urgently for a complete investigation and appropriate judgement for both those who carried out the killings and those who orchestrated them. The letters also call for closer cooperation between the Government and local administration in order to speed up the process of approving the status of displaced and threatened teachers, facilitating the rapid transfer of applicants to safer districts and job posts.
EI strongly condemns once again the recurring acts of violence against teachers and trade-unionists in Colombia, perpetrated with absolute impunity.
Below is a copy of the letter sent to President Uribe (in Spanish) by Education International in Latin America:
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San José, 2 de abril de marzo de 2009
Doctor Álvaro Uribe Vélez Presidencia de la República Colombia
Estimado Señor Presidente,
Nos dirigimos a usted desde la Internacional de la Educación, Federación Sindical Mundial que representa a más de 35 millones de trabajadoras y trabajadores, junto con su afiliada Federación Colombiana de Educadores –FECODE- han denunciado con tenacidad las amenazas, hostigamientos, persecuciones, desplazamientos y crímenes contra cientos de docentes y de sindicalistas que son víctimas de la violencia de Estado en Colombia.
Colombia ha ratificado los Convenios 87, 98,151 y154 relativos a Libertad Sindical y Negociación Colectiva. A pesar de ello, los datos y la experiencia demuestran que en Colombia ser sindicalista muchas veces puede significar una condena de muerte, sobre todo para las educadoras y los educadores, quienes son el mayor grupo víctima de la violencia, constituyendo el 55% de todos los sindicalistas asesinados. El lo que llevamos del 2009 el saldo es trágico, pues se han registrado cuatro educadores asesinados y un docente víctima de atentado.
El 15 de febrero se conoció el crimen contra el compañero Guillermo Antonio Ramírez, era integrante de la subdirectiva de Belén de Umbría, perteneciente al Sindicato de Educadores de Risaralda. El 20 de febrero el educador Leoncio Gutiérrez, afiliado al SUTEV, fue asesinado en el Valle del Cauca. El 26 de febrero fue baleado el profesor José Jair Valencia Agudelo en el norte de Caldas. El atentado al profesor Valencia Agudelo, reviste especial interés como quiera que ostenta la condición de docente amenazado, el cual es desconocido por las autoridades del departamento de Caldas, que lo trasladaron a un sitio que no le ofrecía mejores garantías de seguridad, del lugar donde había sido amenazado y desplazado.
También en el mes de marzo se dio el atroz crimen contra el compañero Cuadros Robayo, afiliado a la Subdirectiva de RIOFRÍO seccional del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV) cuyo caso estaba siendo estudiado por la Comisión de Amenazados y Desplazados estudiaba, a fin de otorgarle la protección donde había solicitado la protección, según el Decreto 3222 de 2003. Y aun se desconocen las condiciones en que ocurrió la muerte del profesor Walter Escobar, del Valle del Cauca, cuyo cuerpo fue encontrado por las autoridades en un municipio.
Todos estos compañeros tenían un rol activo dentro de sus sindicatos, pero además eran dirigentes políticos dentro de sus comunidades, por ello los crímenes contra ambos compañeros se tiñen de persecución sindical y política.
Desde la Internacional de la Educación y FECODE insistimos en que las denuncias ante las autoridades colombianas deben lograr transformar la actitud de los gobiernos locales en los Departamentos, a fin que agilicen la aprobación de status de Desplazados y Amenazados. A además agilicen el traslado geográfico y laboral de docentes en dicha calidad. El Estado colombiano debe garantizar todas las protecciones promulgadas en los Decretos 1645 de 1992 y 3222 de 2003, relativas a los derechos de protección de docentes en calidad de desplazados y amenazados.
Los crímenes contra docentes colombianos son pertinentes al quehacer del magisterio latinoamericano. La Internacional de la Educación y su afiliada FECODE, exigen que se detenga ya esta cadena de impunidad que se cierne sobre los asesinatos a docentes. Es urgente que las autoridades colombianas asuman las investigaciones y dicten las sentencias contra los responsables de estos tres crímenes.
Si bien, el gobierno que usted preside Uribe no puede borrar los crímenes perpetuados bajo sus años de mandato, es hora que el Estado colombiano salde a través de una justicia objetiva la deuda que tiene con la clase trabajadora y todo el pueblo colombiano.
Se despide fraternalmente,
Combertty Rodríguez García Coordinador Regional Principal Internacional de la Educación para América Latina