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Hemos llegado al punto medio del plazo del acuerdo unánime de las Naciones Unidas para dirigir el mundo hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, aquellos objetivos fijados para 2030 se han descarrilado de forma casi irremediable.

El cuarto objetivo, el de una educación inclusiva y de calidad para cada estudiante, es un ejemplo perfecto de la urgencia de la situación. Cientos de millones de las personas más vulnerables, tanto adultas como jóvenes, niños y niñas, siguen sin tener acceso a la educación. A ellas se suman millones más que sí pueden ir a la escuela, pero carecen de entornos adecuados, profesorado formado, recursos educativos y, por lo tanto, oportunidades de aprendizaje. Según las previsiones, en 2030 solo seis de cada diez jóvenes acabarán la educación secundaria. Mientras tanto, después de que el mundo haya vivido lo peor de la pandemia de COVID-19, se calcula que el déficit de financiación anual para lograr las metas del ODS 4 ha crecido hasta alcanzar los 200 000 millones de dólares.

El estado de la educación es un buen indicador de la situación nacional. Aporta información precisa sobre las perspectivas de la infancia, el estado de salud de la población, los ingresos y los derechos civiles de las mujeres, la probabilidad de que haya innovación y emprendimiento y la capacidad para adaptarse a las crisis, incluidos los conflictos, el cambio climático y los desastres naturales, un panorama que la vicesecretaria general de las Naciones Unida Amina Mohammed ha definido recientemente como "múltiples crisis en cascada, interrelacionadas" y que requieren acción inmediata.

Encontramos un ejemplo especialmente claro en un informe publicado el mes pasado por la organización estadounidense Brookings Institution, que afirma que "el África subsahariana se enfrenta a un reto doble que está ralentizando el crecimiento y erosionando décadas de avances en desarrollo: el aumento de los niveles de deuda y la creciente frecuencia y gravedad de los fenómenos climáticos extremos. Estas amenazas, que se superponen y se retroalimentan, han llevado a los países de la región a una situación marcada por el deterioro de las finanzas públicas, la falta de resiliencia ante las crisis climáticas y la incapacidad de financiar la adaptación".

Al día de hoy, los recursos que necesitamos para asegurar un sector público funcional que satisfaga las necesidades fundamentales de la población son hoy escasos y no dejan de menguar. El financiamiento educativo ha caído in 65% de los países de ingresos medios y bajos y en 33% de los países de renta media-alta y alta desde el inicio de la pandemia.

Uno de los motivos es, sin duda, la deuda nacional asumida por muchos Estados. Las condiciones de los préstamos incluyen con mucha frecuencia la obligación de debilitar el sector público, restringiendo la financiación para la educación, la salud y otros servicios básicos. Esto sucede en un momento en el que sabemos que hay que contratar a decenas de millones de educadoras y educadores en todo el mundo. Con la limitación deliberada del denominado "gasto salarial docente", las agencias de financiación mundiales bloquean los salarios y la contratación de profesorado, reduciendo todavía más la disponibilidad de personal pedagógico profesional.

La solución a este déficit es evidente. Debemos movilizarnos, junto a nuestros colegas y nuestras comunidades, para vincular la crisis de financiación con el mundo sostenible que queremos crear.

Esa movilización ya está en marcha gracias a la campaña ¡Por la pública! Creamos escuela que la Internacional de la Educación lanzó a principios de año. Nuestra campaña mundial para financiar la educación pública y a la profesión docente une a nuestras 383 organizaciones miembros de 178 países y a sus 32 millones de afiliados y afiliadas en la lucha por dotar de recursos al sector público y disponer de una educación pública, de calidad e inclusiva para todas y todos.

El próximo punto de inflexión en nuestra batalla mundial contra los recortes presupuestarios, la austeridad y la privatización se producirá este mes en las Reuniones de Primavera del Banco Mundial, en las que los sindicatos reclamarán al Banco y al Fondo Monetario Internacional ayuda para cumplir los objetivos de desarrollo del milenio mediante una mayor inversión pública para crear trabajo decente —inclusive en la profesión docente—, permitir un crecimiento equitativo y crear una economía más resiliente.

Para ello, las instancias decisorias de los órganos de financiación deberán asumir las demandas democráticas que se están produciendo en todo el mundo y adoptar el nuevo contrato social que constituye la esencia de nuestra campaña. No podemos seguir permitiendo que las grandes compañías y las grandes fortunas aprovechen el sistema financiero para especular y obtener beneficios a corto plazo mientras suben los precios, ocultan activos y merman la recaudación del Estado.

Son miles de millones en impuestos no recaudados que deberían dirigirse a decididas inversiones en servicios públicos como la educación y a construir economías que aporten un crecimiento sostenible y beneficioso para toda la población.

Nuestra campaña le da especial importancia a la responsabilidad gubernamental. Además de identificar y recuperar los miles de millones que supone la evasión fiscal de las empresas, los gobiernos deben asumir su responsabilidad y actuar ante los comportamientos mercantiles depredadores.

No es necesario llegar a las prácticas abusivas y engañosas de New Globe/Bridge que ha denunciado el periódico The Intercept para tener que operar bajo un marco eficaz que regule y controle a los especuladores académicos privados; también debemos incluir aquí a todas esas entidades que, al igual Bridge, parecen haberse instalado en la ilustre nómina de fundaciones inocentes e inofensivas, como la Gates y la Chan-Zuckerberg. Aunque la IE ha defendido y apoyado la decisión del Banco Mundial de dejar de financiar la escuelas privadas con fines de lucro, sigue preocupándonos que el Banco mantenga las inversiones en medios de privatización, como en el caso de las empresas de tecnologías de la educación.

Demasiadas de estas empresas tecnológicas han dedicado el dinero de sus inversores a saturar a los gobiernos y sus sistemas educativos con publicidad y promociones que no han hecho sino cosechar resultados decepcionantes e inflar los costes de la educación con miles de millones de dólares.

De hecho, como la presidenta de la IE Susan Hopgood le dijo en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación del pasado otoño, “las tecnologías de la educación a gran escala siguen sin estar probadas ni reguladas y todavía no se han demostrado sus beneficios". Lo que ha sido demostrado, añadió, es que "cuando las herramientas digitales están a disposición del profesorado como alternativa pedagógica y son las y los educadores quienes toman la decisión sobre qué herramienta utilizar, las posibilidades de éxito del alumnado aumentan".

En aquella Cumbre, el secretario general António Guterres decidió priorizar la financiación de la educación, la ONU anunció la creación de un grupo de expertos de alto nivel para apoyar a la profesión docente y las naciones se comprometieron a invertir más y de una forma más equitativa en educación.

Nuestra campaña está en marcha y nuestro movimiento está creciendo. Ahora tenemos una oportunidad de oro para organizarnos y movilizarnos a escala local, nacional, regional y mundial para lograr que los gobiernos y las instituciones internacionales asuman su responsabilidad y la educación pública de calidad siga siendo un derecho humano fundamental y un bien público.

El mandato que nos han dado nuestras afiliadas y afiliados y la profesión docente es claro. Pero no tendremos éxito si no nos movilizamos y nos unimos con las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Empecemos por aquí. Así construiremos colectivamente el movimiento para financiar la educación pública.