El Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación ha aprobado una resolución en la que se condenan las violaciones de los derechos humanos en Colombia que han provocado la muerte de miles de sindicalistas.
Los ataques a los derechos humanos y a la vida de más de mil sindicalistas y activistas sociales que se han producido a lo largo de una década han constituido el fundamento de una resolución adoptada hoy, 9 de diciembre, por el Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación, reunido por 56ª vez.
Los intentos por parte de los grupos que controlan el poder en Colombia de acabar con la organización y la movilización sociales, reprimir las protestas y suprimir el derecho de sindicación y proclamación de la validez del sistema de educación pública han provocado miles de víctimas, muchas de ellas docentes activamente comprometidos con sus sindicatos. Desde 1986, más de 1 100 docentes han sido asesinados durante el conflicto armado, según la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), una organización miembro de la Internacional de la Educación. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Bogotá, más de 280 líderes sociales han sido asesinados en Colombia en 2020.
La violencia continúa
A pesar de la firma de un acuerdo de paz en 2016 entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla, la violencia continúa. El conflicto ha tomado la forma de una disputa territorial que ha llevado a la persecución y la estigmatización de los activistas sin que el gobierno tome medidas para proteger sus vidas y garantizar su seguridad y el libre ejercicio de su derecho a organizarse y a disentir.
Miembros del personal docente, así como diversos líderes sociales, han sido asesinados únicamente por alzar su voz en defensa de sus derechos y de la validez del sistema de educación pública. Cada vez que el Comité Ejecutivo de las organizaciones miembros de la Internacional de la Educación en Colombia —FECODE y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU)— anuncia una movilización por la defensa de sus derechos, se lanzan amenazas contra la vida de los miembros de sus comités ejecutivos nacionales o regionales.
La inacción del gobierno
El Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación considera que el presidente colombiano, Iván Duque Márquez, ha guardado un "silencio cómplice" ante las miles de amenazas contra la FECODE, la ASPU y la profesión docente. Lo ha hecho suprimiendo o rechazando las medidas de seguridad para los líderes sindicales y sociales, al tiempo que ha permitido al partido gobernante atacar la libertad de asociación y la libertad académica garantizadas en la Constitución.
Campaña de solidaridad internacional
Ante estas amenazas, se ha emprendido una importante campaña de solidaridad internacional. Más de 60 miembros de la Internacional de la Educación ya han exigido a las autoridades colombianas que protejan a los líderes y miembros de los sindicatos.
La Internacional de la Educación ha pedido a sus organizaciones miembros que refuercen sus reivindicaciones para que el Gobierno garantice los derechos humanos y el derecho de los sindicatos y de la profesión docente a trabajar libremente en Colombia.